Está detenido en una prisión federal. (Foto: Archivo)

• Redacción Central /

El exministro del régimen de facto Arturo Murillo se declaró ayer en la mañana no culpable de los delitos de soborno y lavado de dinero, por lo que la justicia norteamericana fijó plazo, hasta 15 días más, para conocer cuándo iniciará su juicio penal con jurados.

En conferencia de prensa, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, manifestó que la decisión de Murillo es de carácter personal y que deberá someterse a juicio.

“De acuerdo a antecedentes, el imputado recibió el documento de cargos en las últimas horas, pero puede modificar su determinación inicial (no culpable) mediante su defensa”, dijo.

La audiencia se desarrolló de manera presencial, y Bolivia “estuvo” presente mediante sus abogados y el Encargado de Negocios en el país del norte.

Los cómplices

Chávez añadió que el 18 de enero de 2022 a las 16.00 se dará lectura a las sentencias de los cuatro coimplicados en el hecho, tomando en cuenta que ya se declararon culpables.

A finales de septiembre, Sergio Méndez Mendizábal, exjefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno; Phillip Lichtenfeld, empresario boliviano-estadounidense, y Luis y Bryan Berkman, ambos dueños de la intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS), se declararon culpables por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y soborno a funcionarios extranjeros.

Los implicados tomaron esa decisión renunciando al juicio por jurado de manera voluntaria, anulando toda posibilidad de retractación o retiro de la declaratoria de culpabilidad.

El clan mafioso

Entre noviembre de 2019 y abril de 2020, Murillo, Sergio Méndez, Phillip Lichtenfeld, Luis y Bryan Berkman, además de Luis Fernando López (exministro de Defensa de la presidenta de facto Jeanine Añez) pagaron sobornos y lograron que BTS compre gases lacrimógenos de la brasileña Cóndor.

Por todo el material se pagó $us 3,3 millones y se lo vendió al Estado boliviano en $us 5,6. Mediante este hecho de corrupción le robó al país $us 2,3 millones.

Todo el dinero fue enviado a bancos norteamericanos para legalizar el hecho y luego regresó a las cuentas particulares de todos los involucrados, en Bolivia.

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