Las resoluciones del cabildo del pasado viernes en Santa Cruz han puesto en evidencia que lo que se busca con la movilización promovida por el gobernador cruceño y su comité cívico no es precisamente adelantar la fecha del Censo, como hicieron creer a la mayor parte de la gente que asistió “voluntariamente” a la concentración.

El gobernador cruceño y su entorno no quedaron conformes con los resultados de las elecciones de octubre de 2020, en las cuales la población boliviana con más del 55% depositó su confianza en el binomio de Luis Arce y David Choquehuanca, del Movimiento Al Socialismo (MAS). Incluso antes de la posesión de los nuevos mandatarios habían puesto en acción su estrategia desestabilizadora y antidemocrática.

Con la complicidad de algunos jefes militares, el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, días previos a la posesión, la primera semana de noviembre, intentó no solo frenar la transmisión del mando, sino atentar contra la vida del actual Primer Mandatario, recurriendo a sicarios llegados al país con ese objetivo. Sin embargo, por factores que aún no están del todo esclarecidos se cayó el complot. Entre estos factores se menciona, por ejemplo, la derrota de Donald Trump en las elecciones norteamericanas que puso en riesgo la cobertura política y económica a esta nueva aventura golpista.

Antes del 8 de noviembre, tras el frustrado atentado, López y Murillo dejaron el país, uno rumbo a Brasil y el otro a EEUU, obviamente no fue casual que eligieran esos destinos. Camacho, el principal conspirador en el golpe de 2019, decidió quedarse en el país, pues pese a haber sido parte activa y protagónica en el golpe y en el posterior gobierno de facto de Jeannine Añez, se abstuvo de ocupar directamente funciones de gobierno, labor que encargó a sus secuaces más próximos, responsables del mayor desastre administrativo y financiero del país en los últimos 50 años. Empero, el ahora gobernador cruceño no se resignó a perder el poder y desde el mismo momento en que el golpismo dejaba el Gobierno empezó a tramar un nuevo golpe.

Su postulación para gobernador no solo significaba que había resuelto asumir personalmente algunas tareas, las que cuando había encargado a sus testaferros no lograron los resultados esperados, sino que también se encargaría de la administración directa de los importantes recursos económicos de ese departamento, no precisamente para convertirlos en obras para su gente, sino para destinarlos con mayor libertad a otros fines.

En año y medio fue buscando una serie de argumentos para incomodar a la gestión de gobierno, desde su incoherente discurso de federalismo hasta el planteamiento de demandas alejadas de su propia función pero que podían encontrar acogida en la población como el avasallamiento de tierras, los incendios forestales y algunos más, que matizaron el pretendido posicionamiento del gobernador como líder cruceño. Sin embargo, las denuncias de corrupción en su entorno, en la gobernación y en otras instituciones directamente relacionadas con sus amigos, fueron mermando su credibilidad y disminuyendo el apoyo que algún momento llegó a tener.

Con el tema del Censo volvió a posicionarse, desconociendo las instancias democráticas como el Consejo de Autonomías y la propia Asamblea Legislativa y creando un comité interinstitucional, carente de toda legalidad y legitimidad, con el cual llevó adelante una nueva fase de su proceso de desestabilización. Y así llegó hasta el cabildo del viernes en el cual se habló de todo menos del Censo y donde los oradores, casi todos dirigentes de agrupaciones de extrema derecha, hicieron apología de su posición antidemocrática, planteando demandas que corresponden a otras instancias del sistema democrático.

El cabildo está reconocido por nuestra Constitución como un espacio de deliberación, pero no como una instancia de resolución y menos vinculante, por lo cual estas “resoluciones” tienen un valor igual a nada. Precisamente con esas resoluciones queda en evidencia que el Censo solo fue un pretexto, que lo que existe cada vez de manera más evidente es una escalada desestabilizadora y golpista que pretende repetir la toma del poder de manera parecida a la de 2019.