La exmandataria durante una salida a un centro médico. (Foto: Jorge Mamani)

• Redacción Central /

Una junta médica realizada el 20 de agosto recomendó que el tratamiento de Jeanine Añez, por su patología de hipertensión arterial, sea atendido en el penal de Miraflores y, la junta médica psiquiátrica de la anterior semana, coincidió en que no es necesario su traslado a un centro médico, como piden sus familiares.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, recordó que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) hizo el acompañamiento desde un principio, además efectuó recomendaciones para llevarla a un hospital donde le hicieron estudios; por lo tanto, la junta determinó un tratamiento en el penal de Miraflores.

“Ninguna junta médica ha determinado sacarla a un centro exterior porque en Miraflores se encuentra en buen estado. La administración penitenciaria ha realizado una junta médica, y la anterior semana una junta psiquiátrica para determinar el tratamiento que va a precisar. Sus médicos y médicos de otras instituciones dieron la garantía”, manifestó.

Remarcó que desde el primer momento de su detención preventiva fueron respetados sus derechos y garantías.

“Así lo manifestamos con un informe sobre su salud y estamos seguros de que todos los elementos de la administración penitenciaria serán considerados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Demostramos el trabajo en el marco del respeto incluso ante la autoridad competente cuando se pidió acciones de libertad. Con documentos transparentes hemos demostrado ante varias instancias que se respetan los derechos de Añez. Estamos tranquilos y no tenemos problema”, remarcó.

Las acusaciones

Añez fue detenida el 13 de marzo en Trinidad luego de ser acusada de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

Esta investigación se enmarca en las denuncias en su contra por el golpe de Estado de 2019 en contra de Evo Morales.

También se presentó una proposición acusatoria en su contra, ya como presidenta de facto, debido a las masacres en las que murieron más de 30 personas.

En este caso, se responsabilizó a Añez por los delitos de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte, con base en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

De igual manera, se la acusa de una ilegalidad en un préstamo del Fondo Monetario Internacional, un contrato con Fundempresa y atentados contra la libertad de expresión.

A inicios de agosto, la justicia amplió por otros seis meses (hasta 2022) la detención preventiva contra Añez en el caso denominado Golpe de Estado.

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