La Cámara de Diputados aprobó en grande el proyecto de ley 595 con la presencia de 80 asambleístas, el resto participó desde sus regiones mediante plataformas digitales.

Eliana Uchani / Bolivia Digital

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que coadyuva a regular la emergencia por el COVID-19, que vulnera la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías; plantea el uso de recursos, que debe ser evaluado por el Ejecutivo, y no respeta la competencia de los tres niveles gubernamentales.

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, explicó que el parágrafo IV de dicho artículo de la CPE señala que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado debe definir la fuente de financiamiento. Si la norma no fue iniciativa del Ejecutivo, requerirá hacer una consulta previa a ese órgano.

«Este proyecto de ley no estaba cumpliendo con la previsión del artículo 321 de la Constitución Política del Estado, se lo hizo notar en la comisión y sin hacer ninguna consideración a las observaciones, Diputados aprobó la norma en grande. La ley tiene buena intención, pero es insostenible legalmente», puntualizó  la autoridad.

Diputados instaló el viernes una sesión virtual, en la que 80 asambleístas estaban presentes en el hemiciclo y otros seguían el debate desde sus regiones a través de una plataforma digital.

Observaciones

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, cuestionó las omisiones en las que incurrió el Legislativo. La autoridad remitió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, para hacerle conocer las observaciones.

«El motivo de la presente es para manifestar la observación formal a la omisión de la previsión constitucional de consulta previa al Órgano Ejecutivo del proyecto de ley 595/2019-2020, que coadyuva a regular la emergencia por el COVID-19», dice la carta.

A la vez, el ministro afirmó que el procedimiento legislativo respecto a la propuesta normativa nació con «vicios de nulidad», ya que al no ser remitido al Ejecutivo para su consideración se vulneró el Reglamento de la Cámara de Diputados.

El artículo 120 del Reglamento General de la Cámara de Diputados establece que los proyectos de ley que impliquen imponer o suprimir contribuciones de cualquier naturaleza, o determinar su carácter nacional, departamental, municipal o universitario, así como los referidos a gastos fiscales a cargo del Tesoro General de la Nación que no sean propuestos por el Ejecutivo, serán remitidos para su consulta por la presidencia de la Cámara.

Asimismo, Núñez también consideró que el proyecto de ley no guarda relación con «la distribución competencial autonómica» que establece la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Advirtió que este proyecto «intenta normar una imposibilidad material de cumplimiento».

Un equipo de médicos especialistas llegó a Potosí para la instalación del laboratorio que realizará los diagnósticos del COVID-19.

El proyecto

Alanoca señaló que de los 12 artículos que contiene la norma, nueve fueron observados porque no están en concordancia con la Carta Magna. Por lo tanto, consideró que el Ejecutivo debe hacer una revisión pormenorizada.

El artículo 2 de esa norma plantea que el  Ministerio de Salud, en coordinación con los gobiernos autónomos, deberá dotar insumos médicos al personal de salud del área urbana y rural tres días después de la promulgación de la norma.

Estás exigencias también se establecen para los centros hospitalarios del sector privado. Además, establece que el Gobierno debe dotar de reactivos a las gobernaciones y municipios para realizar los diagnósticos de COVID-19.

Otro de los aspectos cuestionados es la implementación de dos laboratorios en cada departamento y en las ciudades intermedias en un plazo de cinco días después de aprobada la norma.

Por último, el viceministro advirtió que en caso de que la norma sea aprobada sin las consideraciones que hizo el Ejecutivo, no será promulgada y se enviará un recurso legal al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su evaluación.

La Cámara Baja aprobó en grande la norma cuestionada. Este lunes retomarán el debate en su estación en detalle.