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 El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aclaró ayer que la exministra Gisela López no es una perseguida política y que ella tiene la obligación de rendir cuentas al pueblo boliviano sobre los millonarios recursos que manejó en su gestión en el Ministerio de Comunicación.

“Ella tiene orden de aprehensión y lo que tiene que hacer es venir a rendir cuentas al pueblo boliviano”, dijo a los periodistas.

Varios exministros del expresidente Evo Morales, vinculados con actos de corrupción, sedición, terrorismo y otros delitos, huyeron del país tras la crisis que provocó el fraude en las elecciones generales de octubre.

“No hay ningún perseguido político por parte de este Gobierno. Lo que tienen que hacer las exautoridades es venir a rendir cuentas a la Justicia boliviana y dejar de hacer politiquería, seguir dividiendo y enfrentándonos a los bolivianos”, enfatizó Núñez.

En los últimos días reapareció López junto a Morales en Argentina y dijo haber sido “linchada mediáticamente” por el actual Gobierno que destapó actos de corrupción y malversación de recursos públicos.

“Lo que nosotros podemos garantizar es que hay una justicia independiente, que quienes tengan que ser sometidos a la justicia van a tener un proceso justo, un proceso con una justicia independiente que no esté arrodillada a los intereses del Palacio de Gobierno”, remarcó Núñez.

Esa autoridad también dejó en claro que en Bolivia no hubo un golpe de Estado, sino una sucesión constitucional con el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez para realizar nuevas elecciones.