Una de las audiencias del juicio en el marco del caso Golpe de Estado II.(Foto: Archivo)

• Redacción Central/

El informe del Relator Especial Diego García-Sayán, sobre la justicia, la independencia de magistrados y abogados en Bolivia, no tiene un carácter vinculante ni efecto jurídico para la justicia boliviana.

Si bien el documento es valorable en cuanto al trabajo y solicitud del Gobierno para que García-Sayán acompañe el proceso de reforma que hizo Bolivia, señaló el analista Hugo Siles, no tiene algún otro efecto en el proceso por el caso Golpe de Estado II, como busca hacerlo figurar la oposición.

“El Twitter del señor Diego García-Sayán, que refleja una posición sobre un caso concreto, no tiene en absoluto efecto jurídico, no es vinculante, es una posición en Twitter sobre un caso de cosa juzgada de un proceso de juicio constitucional, que finalmente se le siguió a la señora (Jeanine) Añez”, señaló.

“Las observaciones -prosiguió Siles- son válidas y seguramente el Gobierno, en las mesas de trabajo anunciadas, ya trabaja en los ejes temáticos que tienen que ver con acceso a la justicia, independencia de la justicia, presupuestos y otros que obviamente se tienen que trabajar”.

El relator de la ONU presentó un informe que con 10 recomendaciones y observaciones se resumen en la detección de “patrones de injerencia en el órgano judicial”; la calidad de “transitorio” de las funciones del 47% de los jueces y su excesiva carga laboral (un promedio de 530 casos por juez), entre otros puntos.

El relator especial, Diego García-Sayán.

Ayer, Bolivia, representada vía zoom por el ministro de Justicia, Iván Lima y el canciller Rogelio Mayta reiteró el compromiso de realizar la transformación de la justicia con el acompañamiento de la comunidad internacional y detalló los avances en esta meta, enfatizando que la prioridad es trabajar en torno a la consigna memoria, verdad y justicia.

Al respecto, Rubén Gutiérrez, senador del Movimiento Al Socialismo, MAS, dijo que se recibe este informe con la confirmación de lo que ya había trabajado en los meses de febrero y marzo en el país, buscando una verdadera transformación de la justicia boliviana.

“Vamos a implementar estas 10 recomendaciones para nuestro Estado, para nuestro país. Y, claro está, estamos poniendo en funcionamiento engranajes institucionales a partir de la Ley 898, que permite dar seguimiento a los resultados de la Cumbre por la Justicia”, dijo.

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