Óscar Ortiz, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural. (Foto: Prensa Rural Bolivia)

Reynaldo J. González / Bolivia Digital

La celeridad en el inicio de las investigaciones en la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores para la atención de pacientes con coronavirus (COVID-19), demuestra la política de cero tolerancia a la corrupción asumida por parte del Gobierno nacional y garantiza la continuidad de los esfuerzos en la lucha contra la pandemia, destacó este jueves el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Ortiz.

En entrevista con el programa televisivo “Que no me pierda”, de la Red Uno, la autoridad explicó que aunque el presunto hecho irregular resulte lamentable para el Ejecutivo, la pronta reacción de las autoridades constituye un “mensaje para todos quienes ocupan funciones públicas”, así como una garantía para proseguir la lucha contra la expansión del COVID-19.

“A mí me duele y a quienes estamos en el Gobierno nos duele que haya sucedido esto, y por eso estamos actuando, como dijo la presidenta Jeanine Áñez, sin contemplaciones, caiga quien caiga”, explicó Ortiz.

Al respecto, recordó que el Gobierno ya presentó las querellas judiciales para la indagación del caso por parte del Ministerio Público, acción que resultó en la detención preventiva ayer del exministro de Salud Marcelo Navajas y de otros cuatro funcionarios públicos presuntamente implicados.

“Se comprueba la celeridad en la lucha contra la corrupción no solo cuando uno investiga a quienes son adversarios políticos, sino a quienes están del mismo lado. Y en este caso la presidenta Jeanine Áñez ha dado esa instrucción. El Ejecutivo tiene que demostrar su compromiso en la lucha contra la corrupción investigando a quienes formaban parte de este Gobierno”, aseveró.

“Nunca hemos tenido un Gobierno que haya actuado con tanta rapidez y con tanta drasticidad a un nivel tan alto como se lo ha hecho en estos días”, añadió.

Asimismo, el exsenador cruceño sostuvo que la pesquisa del presunto hecho irregular no significará la cancelación de la pronta llegada a territorio nacional de otros equipos médicos adquiridos por el Estado ante la emergencia sanitaria. En ese sentido, confirmó que el Gobierno mantiene su compromiso de dotar, hasta fines de julio, más de 500 respiradores a centros de salud de toda Bolivia.

“Afortunadamente, hasta el momento al ciudadano boliviano no le ha faltado respiradores, y se hará todo el esfuerzo necesario para que así siga siendo”, dijo.

Esta semana, medios de comunicación denunciaron un presunto sobreprecio en la compra de 170 ventiladores de emergencia por parte del Ministerio de Salud. Los equipos fueron adquiridos a la fabricante española GPA Innova.