Infografía: Javier Pereyra

Karem Mendoza Gutiérrez – Edición impresa

Las organizaciones políticas cabildean un acuerdo para determinar la fecha de los comicios, más allá del plazo de 90 días —contemplado entre el 3 de mayo y el 3 de agosto— establecido en la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones, promovida por el Movimiento al Socialismo (MAS), que controla la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con una publicación del portal digital de El Deber, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, habría sostenido reuniones con representantes de las alianzas y partidos políticos para coordinar una posible fecha para la jornada de votación.

Al respecto, el TSE no emitió ninguna postura oficial, pero se conoció que Romero convocó, para hoy, a las organizaciones políticas, a fin de llegar a un consenso sobre la fecha de las elecciones.

Asimismo, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) convocó a una conferencia de prensa, a las 11.15, en las oficinas de esa entidad.

“El TSE convocó a una reunión con el objetivo de analizar la propuesta para determinar una fecha, que puede estar más allá del mes de agosto; es decir, estaría para septiembre, entre la primera y segunda semana”, afirmó el vocero de Libre 21, Luis Vásquez.

Los representantes de otras organizaciones políticas, en contacto con el periódico Bolivia, mantuvieron un bajo perfil al ser consultadas sobre un posible consenso al respecto.

“Es una información que debe dar el Tribunal Electoral. Nosotros respaldamos las decisiones de esta entidad y cualquier información al respecto la deben dar ellos”, aseveró el vocero de Comunidad Ciudadana (CC), Ricardo Paz.

En tanto, el representante de Creemos, Erick Landívar, afirmó que no fue citado para la reunión, aunque mencionó “un posible acuerdo” entre las bancadas del Legislativo.

Por su parte, el delegado del MAS ante el TSE, Melvin Siñani, afirmó que no participó de ningún encuentro, “pero como partido político estamos abiertos a cualquier diálogo siempre precautelando la vida”.

Desde la alianza Juntos solicitaron al Órgano Electoral definir “de una vez por todas” una fecha para las elecciones e indicaron que dicha decisión será acatada por esa organización.

“Esta fecha debe tomar en cuenta lo principal, que es la salud y el debido cuidado para evitar contagios en las campañas electorales y el día de la votación”, indica parte de un comunicado emitido por Juntos.

En marzo, el TSE envió al Legislativo una primera propuesta para que los comicios se realicen entre el 7 de junio y 6 de septiembre; no obstante,  ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, la entidad replanteó el lapso, entre el 28 de junio y el 27 de septiembre.

ESCOLLOS

Una nueva fecha de votación y una posible ampliación del plazo de las elecciones permitirá subsanar algunos escollos planteados por los políticos durante la pandemia.

Al respecto, expertos identificaron al menos cuatro elementos que dificultarían el desarrollo del proceso electoral, que debe realizarse en 90 días, computables desde el 3 de mayo, según la Ley 1297. Ante esa situación, legisladores de UD presentaron un recurso de inconstitucionalidad con el fin de dejar sin efecto ese plazo.

“Hay varios argumentos. (…) actualizar el padrón electoral o revisar las circunscripciones uninominales o resolver otros temas administrativos que  hayan surgido en este período, a más de seis meses de la anterior elección”, aseguró la politóloga María Teresa Zegada.

Los expertos consideran que el principal factor está enfocado en la acción de inconstitucionalidad abstracta, presentada por UD ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 

El principal argumento es que el TSE es la única entidad que puede definir la fecha de las elecciones y no así el Legislativo, que promovió la Ley 1297.

Por otro lado, el cuidado de la salud durante los comicios para evitar la propagación del coronavirus es otro escollo identificado, además del derecho a elegir y ser elegido, pues los jóvenes que cumplirán 18 años hasta el día de las nuevas elecciones no serán parte del padrón electoral consolidado.

Al respecto, el diputado Erick Morón presentó una demanda al TCP reclamando el derecho a la vida y el derecho de sufragio de 150 mil jóvenes que no podrán sufragar en estos comicios.

A esto se suman los cuestionamientos sobre la “sobrerrepresentación” del voto rural y la reingeniería de la delimitación de las circunscripciones.

El abogado José Velasco puntualizó que la crisis política, luego del supuesto fraude electoral de 2019,  y la emergencia por el coronavirus generaron un panorama “atípico e inédito” para la realización de las elecciones.

En ese marco, el TSE prepara un presupuesto adicional para ejecutar la logística y las medidas de bioseguridad para llevar adelante el proceso electoral en medio de la crisis sanitaria.

 Recurso ante el TCP

La impugnación ante el TCP cuestiona el plazo de la elección actual, que pondría en riesgo la vida y la salud de la población. Por otro lado, solicitaron que el TSE sea la única entidad que organice la elección y defina la fecha de votación.

Esa ley fue promulgada por la presidenta del Senado, Eva Copa, pese a que no se ajusta a la propuesta del TSE para que los comicios se efectúen entre  junio y septiembre, en función de criterios técnicos, logísticos y científicos, respecto a la evolución de la emergencia sanitaria.