Gracias al trabajo exhaustivo del gabinete ministerial, de la comunidad internacional y la Iglesia católica, en aproximadamente 20 días el país recuperó la paz social, se consolidó el clima democrático y retornó el ambiente de libertad.

El diálogo con los sectores sociales movilizados en bloqueos y otras manifestaciones de protesta permitió lograr acuerdos que contribuyeron a la pacificación.

A ello se suman la convocatoria a las nuevas elecciones generales, disposición promulgada por el actual Gobierno constitucional, y la apertura para la selección de los vocales que integrarán el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que estará encargado de llevar adelante comicios creíbles, confiables, seguros y transparentes.

Este proceso democrático se enriqueció con la designación del vocal electoral Salvador Romero Ballivián, quien fue nombrado por la presidenta Jeanine Áñez, en reconocimiento a sus credenciales académicas, su amplia experiencia y su experticia en las lides internacionales en el campo electoral.

En ese contexto, la presidenta Áñez afirmó que la paz, la democracia y la libertad retornaron a Bolivia.

“Hoy, gracias a Dios, podemos declarar que la paz ya retornó a Bolivia, que la democracia ya ha vuelto a Bolivia y que la libertad ha sido recuperada”, dijo en un acto en el que inició obras de mejoramiento del aeropuerto Jorge Henrich de la ciudad de Trinidad.

La Jefa de Estado, que asumió el mandato de Bolivia el 12 de noviembre tras la renuncia de Evo Morales, dijo que esos valores no serán nuevamente “regalados”.

“Esta vez no la vamos a regalar (la paz, democracia y libertad) y no nos vamos a equivocar y cometer errores después de la heroica batalla creativa y pacífica del pueblo boliviano”, manifestó la Mandataria.

La autoridad destacó el trabajo sin descanso de su gabinete ministerial que, mediante diferentes gestiones apoyadas por la comunidad internacional y la Iglesia, logró pacificar el país y garantizar el Estado de derecho.

El Gobierno tomó la decisión de convocar a las organizaciones sociales para un diálogo nacional, lo que derivó en la firma de un acuerdo de 13 puntos que permitió que las actividades vuelvan a la normalidad, tras una convulsión social generada por el fraude en las elecciones del 20 de octubre.

El Ejecutivo también impulsó un proceso de concertación con la Junta de Vecinos de la ciudad de El Alto, que había bloqueado la planta de combustibles de Senkata, y con otros sectores sociales, como las comunidades de Río Abajo, en La Paz, así como con las federaciones de productores de coca de la zona del Chapare, en Cochabamba. Fruto de esas conversaciones fueron levantados los bloqueos y otras medidas de presión.

A ese proceso de pacificación se sumó la abrogación del Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en la tarea de pacificación del país.

La Presidenta recordó que el Gobierno ya promulgó la ley para convocar a nuevas elecciones en el país y garantizar un proceso democrático “transparente, libre y justo”.

“Hoy puedo decir que tengo la satisfacción de que gran parte de esta misión ha sido cumplida; hemos dado pasos gigantescos, pero no fue fácil, varias ciudades vivieron días de terror, grupos vandálicos atacaron violentamente a la población que protestaba pacíficamente para acabar con 14 años de gobierno dictatorial de Evo Morales”, sostuvo la autoridad.