Han saltado a los medios una serie de analistas y supuestos activistas de derechos humanos señalando que el Gobierno estaría llevando adelante una cacería en contra de quienes cometieron delitos durante el paro/bloqueo cruceño de octubre y noviembre de este año.

La mayor parte de ellos son los mismos que no dijeron absolutamente nada cuando Murillo, el ministro de Gobierno de la autonombrada, ejercitaba realmente este tipo de acciones, creyéndose estar por encima de todas las leyes, pasándose por el traste todos los procedimientos y todos los derechos y garantías de las personas.

Delincuentes eran para Murillo y sus secuaces todas aquellas personas que pensaban distinto, que no apoyaban su régimen de facto, quienes se expresaban de otras maneras. Así fue deteniendo a decenas de personas por el solo hecho de expresar su opinión en redes sociales o de pretender enterrar a sus muertos después de las cruentas masacres de Sacaba o Senkata.

Igualmente, todas las autoridades y dirigentes del Gobierno derrocado por el golpe habían pasado a la categoría de buscados, inventando denuncias y procesos de cualquier género con el único objetivo de meterlos en la cárcel y sentar un precedente de terror y miedo en la ciudadanía frente a la dictadura de la corrupción y la mentira.

Esos fueron verdaderos actos de persecución política, pasándose por encima del Ministerio Público y los jueces a quienes trataban como subalternos del Ministerio de Gobierno y utilizando a la Policía como un agente represor al servicio de los deseos del exministro que hoy guarda detención en Estados Unidos, esperando una condena por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y soborno.

Pero entonces no hubo ningún grupo de defensores de los derechos humanos dentro del país que pusiera en evidencia esta forma de persecución política, la mayor parte de los medios de comunicación prefirieron hacer la vista a un lado y no se otorgó ni la más remota posibilidad del debido proceso y la presunción de inocencia en contra de quienes eran víctimas de la paranoia murillista.

Hoy, cuando vivimos en una democracia plena, con una absoluta independencia de los órganos que componen es Estado, y cuando todo el pueblo boliviano ha constatado la comisión de varios delitos durante el paro cívico, pretenden instalar desde esa dirigencia derrotada y corrupta la existencia de una persecución política cuando a quienes les corresponde la persecución criminal, Policía y Ministerio Público, empiezan a cumplir con su trabajo.

El presidente Luis Arce fue claro y concreto, la ley que no vulnera ninguna competencia del Órgano Ejecutivo, pero que ha logrado poner fin a una absurdo e insensato paro, es el final de este tema, pero no se dejará en la impunidad a quienes cometieron delitos. Esa labor no es competencia del Ejecutivo, sino de otras instancias y a ellas hay que exigirles que cumplan con su mandato.

El argumento de persecución política no es más que una forma de esquivar, evitar, eludir que la justicia haga su trabajo. Vivimos en un Estado de derecho y debemos todos respetar el ordenamiento jurídico y no pensar que alguien está o pueda estar por encima de la ley.