Desde el 12 de noviembre Bolivia está gobernada por Jeanine Áñez, pero los gobiernos de México y Argentina  decidieron no reconocer que aquí hubo un cambio ceñido a las normas de la sucesión presidencial previstas en la Constitución Política del Estado.

De nada valió para que estos dos países cambien de postura el hecho de que el expresidente renunció formalmente a su cargo y luego abandonó el país. Ni sirvió que el nuevo Gobierno haya sido reconocido por el parlamento nacional —en el que el partido del cocalero fugado tiene mayoría—, ni el visto bueno otorgado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Lo que desean los gobernantes de México y Argentina es que el exmandatario prófugo retorne al país y reasuma sus funciones, esas a las que él mismo renunció por su propia voluntad. No lo dicen, pero esos dos países parecen decididos a exigir que los resultados de las elecciones del 20 de octubre sean respetados a pesar de que la OEA y la Unión Europea comprobaron que estuvieron teñidas de irregularidades y dolo.

Tampoco toman en cuenta estos gobiernos que las Fuerzas Armadas bolivianas respaldan al nuevo Gobierno, igual que la Policía Nacional. La oposición y el periodismo saludan la llegada de aires de libertad al país después de casi 14 años de dictadura, pero eso no se observa desde Ciudad de México y Buenos Aires.

Si estas actitudes de los gobernantes de México y Argentina persisten, Bolivia deberá romper relaciones diplomáticas y acusarlos de actitudes de injerencia en asuntos internos de nuestro país, como lo anticipó la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric.

Las actitudes de las dos naciones mencionadas son, además, intervencionistas en cuestiones internas de Bolivia. El gobernante de México está violando, al comportarse como se comporta con nuestro país, la más conocida “doctrina” de la política exterior de esa nación, que es la Doctrina Estrada, que proclama la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, desde la década de los 40 del siglo pasado.

De parte del Gobierno peronista instalado en Argentina, el comportamiento es similar, porque no son reconocidos los nuevos representantes de Bolivia, lo que se agrava por el hecho de que en La Paz no existe ahora un embajador argentino. Como dice la canciller Longaric, en este momento las relaciones con Argentina están paralizadas.

Habrá que preguntarse, entonces, qué se proponen esos dos países. ¿La próxima vez que haya un cambio de gobierno en Bolivia deberá ser aprobado, previamente, desde el Zócalo y desde la Casa Rosada?

Quizá esos gobiernos prefieran para Bolivia dictaduras como las que atormentan a Cuba y Venezuela, además de Nicaragua. Habría que avisarles que los bolivianos, definitivamente, no estamos acostumbrados a las dictaduras.