Cisterna que transportaba el diésel de manera ilegal. (Foto: ANH)

  

Bolivia Digital

La Fiscalía dictó detención preventiva en el penal de San Pedro para el ciudadano que transportaba ilegalmente 1.800 litros de diésel oil en una cisterna, hecho suscitado en Guanay el 18 de mayo.

El fiscal imputó al ciudadano en audiencia virtual de medidas cautelares llevada a cabo a las 14.00, el miércoles 20 de mayo, procediendo el juez de instrucción a disponer detención preventiva en el penal de San Pedro para la persona que transportaba combustible de manera ilegal. Se ha solicitado la confiscación del combustible a favor del Estado y el juez ha dispuesto el secuestro del vehículo para ser depositado en YPFB.

El Alcalde del municipio se percató del asunto cuando observó una cisterna con placa de control 425-PCH que transitaba por la localidad, mismo que no contaba con la hoja de ruta del combustible, ni con autorización de Sustancias Controladas, y tampoco tenía la autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Fue así que la autoridad municipal solicitó la intervención de funcionarios policiales para que la persona y el camión sean escoltados al Comando de Policía Rural y Fronteriza de Guanay.

En tal sentido, se abrió la causa y fue derivado al representante del Ministerio Público, en el que juristas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos presentaron una querella técnica para coadyuvar con la investigación, que se constituye como delito de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel oíl, gasolina y gas licuado de petróleo, previsto y sancionado por el Art. 226 bis. del Código Penal.

La ANH continuará trabajando dentro del ámbito de sus atribuciones para que no se sigan cometiendo estos delitos, ya que este tipo de acciones causa un daño económico al Estado, toda vez que el combustible está subvencionado para el uso y consumo de los bolivianos.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, en su condición de ente regulador en el sector de hidrocarburos, por mandato constitucional tiene la obligación de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena productiva, así como vigilar la atención correcta de la prestación de los servicios por parte de las empresas y entidades bajo su jurisdicción, debiendo evitar su venta ilegal para fines ilícitos y/o alza de precios del combustible subvencionado por el Estado boliviano, protegiendo los derechos de los usuarios y consumidores.