El profesor y sindicalista de izquierda nacionalista Pedro Castillo y la hija del encarcelado exdictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, que representa la corriente neoliberal, protagonizaron una final de infarto en las elecciones de segunda vuelta en Perú, que define a su próximo presidente.

En los días previos a la elección, las noticias que llegaban desde el vecino país hablaban de un clima de tensión en el final de la campaña, de un país polarizado por dos concepciones ideológicas opuestas, por lo tanto, dos ideas de cómo transformar la realidad socioeconómica y cultural del Perú.

La izquierda cerró filas alrededor de la candidatura de Castillo, mientras que los sectores empresariales, las transnacionales, los medios de comunicación de la derecha y los sectores más conservadores de la sociedad peruana se aglutinaron desesperados alrededor de Fujimori, porque saben que sus privilegios estaban en riesgo si ganaba el profesor.

Desde la perspectiva de la soberanía política y económica, y de la afirmación de los valores culturales de esa nación, la candidatura de Castillo corresponde a las aspiraciones de igualdad de oportunidades, la búsqueda de un Estado con inclusión social, capaz de reconstruir la economía y redistribuir la riqueza.

Los organismos internacionales y algunos líderes comprometidos con la corriente neoliberal mostraban a Perú como una referencia económica en la región y destacaban el nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, en la evaluación de resultados evidencia un país estancado con alta concentración de la riqueza en pocas manos y un incremento preocupante de los niveles de pobreza.

Cuando se habla de facilitar las condiciones a la inversión privada, como pasó en varios años en Perú, los políticos y directivos privados olvidan las grandes carencias que afectan a las mayorías empobrecidas. Asumen el nivel de crecimiento como resultado de las políticas públicas basadas en la privatización de las empresas estatales y la reducción del gasto, sin importar el efecto pernicioso que castiga a los sectores populares.

¿Cómo salir de la crisis? Al igual que en otros países, las preocupaciones sobre el futuro del Perú son la economía y la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. En ese sentido, Castillo anunció que aplicará un programa de reactivación económica para crear empleos con estabilidad y crecimiento.

Su programa se enmarca en lo que él llamó economía popular de mercado y planteó el reto de crear un millón de empleos en su primer año de gobierno, mediante la implementación de un programa masivo de crédito con bajos intereses para los productores del agro y las pequeñas empresas. Por cierto, muy similares a los que el gobierno boliviano aplica desde diciembre de 2020 para reanimar la economía y recuperar la senda del crecimiento.

No sólo eso, Castillo también propone llevar adelante un programa de inversión en obras públicas que generará pronto empleos directos e indirectos, así como conectividad vial para facilitar el acceso de los productos del agro a las ciudades, idea que corresponden a una reivindicación de los productores.

Hay otro aspecto que también se asemeja a las medidas asumidas por el presidente Luis Arce en Bolivia se refiere a promover la producción nacional de papa, arroz, confecciones y otros con políticas de apoyo a los pequeños productores e innovación y tecnología para una mejor productividad y competitividad.

Obviamente, salvando las distancias y visiones de política económica, dentro de un abanico de opciones a desarrollar desde la administración del Estado, hay un común denominador, aplicar medidas para aumentar el consumo.

En el ámbito financiero, Castillo proyecta generar condiciones para acceder al crédito y ahorro en mejores opciones. Además propone que los negocios y empresas crezcan de manera sostenida a la par de la aplicación de políticas públicas que permitan alcanzar uno de los objetivos del plan, empleo en un entorno de estabilidad monetaria.

Lo anterior da pie para hablar de política fiscal y monetaria responsable, que significa mantener una inflación controlada para evitar arrebatos a la población y a los agentes económicos, no sólo para reconducir la economía, sino sentar las bases para un cambio de enfoque, de visión  de hacer las cosas para traducirlas en beneficios tangibles para la población y sobre todo atender a los sectores más vulnerables de la sociedad.

A diferencia de la oferta electoral de Fujimori, que no piensa alterar el actual estado de cosas, el plan de Castillo tiene asidero porque es un modelo que funciona, ahí está la exitosa experiencia boliviana que la llevó a ser un referente regional y mundial por los resultados obtenidos a lo largo de los cerca de 14 años de aplicación del modelo de desarrollo productivo.

Pese a la campaña falaz de medios de prensa de las grandes corporaciones privadas, que apoyaron abiertamente la candidatura de Fujimori, el mensaje de Castillo parece haber llegado a una gran parte de la población, a la gente que apuesta por el cambio y a construir un Estado fuerte, sin injerencia política de Estados Unidos ni condicionamientos de organismos internacionales.