La revolución que vivió Bolivia en octubre desterró a un gobernante y puso fin a una dictadura maquillada de indigenismo, cuando en realidad se trataba de un Gobierno de dudosos rasgos por sus vinculaciones con el narcotráfico y adhesiones a liderazgos de cuestionado apego a la democracia.

Es oportuno hacer un balance de la herencia que le toca al país, para que los bolivianos tengan clara la situación —independientemente de las apasionadas lecturas que hacen los adeptos al anterior Gobierno, dentro y fuera de Bolivia—, en un intento de entender lo que realmente pasó en el país.

El déficit fiscal dejado por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) es el más alto de América Latina. Por otra parte, según los estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre 2014 y 2018 la pobreza extrema en Bolivia tuvo el más alto crecimiento a nivel regional (zona geográfica en la que una de cada 10 personas vive en la actualidad en condiciones extremadamente pobres, donde buena parte de los grupos desfavorecidos subsiste con un trabajo informal que, a su vez, les impide ahorrar para la jubilación, afrontar enfermedades, o tener mínima estabilidad para cualquier planificación). Entonces resulta que todo lo que se había ganado en los primeros años de gestión frente a la pobreza en Bolivia, gracias al boom de las materias primas, se fue por la borda como efecto de la corrupción del régimen de Evo Morales.   

El presupuesto de propaganda que manejó el MAS entre 2006 y 2018 llegó a la suma de 3.948 millones de dólares, el doble de lo que destinó en ese mismo lapso a la educación o salud. Un tema por de más cuestionable que seguramente merecerá la eva luación correspondiente cuando las aguas estén más tranquilas y el Gobierno resultante del proceso electoral del próximo año tenga no solo la palabra, sino también la responsabilidad de encarar el asunto.

Cuando toque, el Gobierno electo deberá investigar quiénes se beneficiaron de ese dinero. Seguramente habrá nombres de funcionarios, empleados, instituciones y hasta empresas acusadas de enriquecimiento ilícito. Eso que se llama pagos por debajo de la mesa. Fueron 4.000 millones de dólares; una suma astronómica para propaganda.

En su primera conferencia de prensa, el ministro de Economía, José Luis Parada, dio unas cifras muy reveladoras sobre las inversiones hechas por el gobierno del expresidente Morales. Entre 2006 y 2018, el MAS programó un gasto de 310.265 millones de dólares, mientras que en los 14 años anteriores (1992-2005) el gasto previsto fue de 56.500 millones. Está claro que el gobierno del MAS tuvo 5,5 veces más recursos que los gobiernos de los 14 años anteriores, pero ese auge no provocó que la economía boliviana creciera más.

Ocurre que desde 1986 hasta ahora el crecimiento de la economía nacional se mantiene sin grandes cambios. La gestión de Morales pudo haber alcanzado un crecimiento mayor, de cinco veces más, proporcional al crecimiento de los ingresos, pero no lo hizo.

El ministro Parada dijo que el Gobierno saliente destinó 1.500 millones de dólares para la planta de urea y amoniaco en Bulo Bulo, cuando podía haber hecho lo mismo, en la frontera, solamente con 150 millones. Al instalar la planta en el Chapare aumentó 800 kilómetros a la distancia hasta la frontera con el país que iba a comprar la urea.

Con inversiones de ese tipo, el MAS consiguió una hazaña incomprensible: que la economía creciera menos, cuando más dinero tenía Bolivia. Son los detalles que surgen conforme avanza la revisión de los datos encontrados por el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez.
Pesada herencia, la que recibió Bolivia.