Por: Ariel Molina/

Sin duda los municipios del país son los más interesados en que el CENSO ocurra. Pero en su entender y con amplio sentido común han explicado una de las razones para estar de acuerdo con la realización de un CENSO técnico en 2024 y no uno político en 2023, la cual radica en la elaboración de la información cartográfica de cada municipio. Dicha información debe ser consensuada y mucho más entre aquellos municipios que tengan problemas limítrofes. Si el producto esperado del CENSO es la cuantificación de habitantes por municipio para la obtención de mayores recursos por coparticipación tributaria, conforme estableció la variable poblacional, un gobierno autónomo municipal no puede dejar de participar en esta etapa. La magnitud del territorio con relación al asentamiento poblacional que tenga el municipio puede determinar el incremento o disminución de los recursos económicos de los que ahora depende. Ni si quiera los municipios naturalmente opositores al gobierno central se han aferrado a la idea de realizarlo el 2023 y aparentemente tampoco pretenden utilizar al CENSO como pretexto para generar un clima de conflictividad en el país.

Por otro lado, hay que recordar que el mayor ingreso que tienen los departamentos a diferencia de los municipios es a través de los ingresos por el IDH además de otro tipo de regalías. La Coparticipación Tributaria no les alcanza, a lo mucho a través del Fondo de Compensación Departamental les sumaría un porcentaje mínimo. La aceptación de los gobiernos autónomos departamentales (GAD) de un CENSO bien hecho en 2024 no tiene que ver con una alineación política al MAS, que de nueve (9) gobernaciones solo ha conseguido tres (3) en las subnacionales del año pasado. Exceptuando a Santa Cruz, el resto de los GAD comparten con el gobierno central el sentido de responsabilidad y horizonte común para recuperar la economía del país. 

Lamentablemente, la gobernación cruceña de la mano de su Comité Cívico ha manifestado la realización de un cabildo para legitimar su consigna regionalista y a través de la exigencia por un CENSO político en 2023, intenta insuflar brotes opositores y así poner en curso, un escenario similar al producido durante el golpe de Estado de 2019.