Las circunstancias de la coyuntura política, las advertencias de la derecha por desestabilizar al Gobierno son preocupantes y llevan a reflexionar sobre la necesidad de preservar las conquistas sociales logradas a partir del año 2006.

En el periodo neoliberal, las políticas públicas dependían, en gran parte, de las condiciones externas y estaban respaldadas por el aparato mediático que aprobaba todo lo que hacían los gobiernos de entonces (1985 – 2005), obviamente en cumplimiento de las directrices del Gobierno de Washington en lo político y de organismos multilaterales en lo económico.

En ese contexto, se facilitó la ejecución de proyectos y estrategias poco estables con orientación asistencial, debido en gran parte a las debilidades institucionales de la administración del Estado. Todo eso cambió a partir de 2006, con el gobierno que dio inicio a la construcción del Estado Plurinacional.

En el nuevo escenario, el Estado jugó un rol determinante en el desarrollo de procesos sostenidos que garanticen que las políticas sociales tengan continuidad y sostenibilidad, mediante acciones articuladas entre los sectores, en la perspectiva de fomentar el desarrollo integral de las personas y el conjunto de la sociedad.

En esta visión del Estado, las estrategias fueron desarrolladas para responder a las necesidades y expectativas de la población sobre la base de la complementariedad entre políticas económicas y sociales, es decir el concepto cambió radicalmente.

De esta manera se dejaba de considerar lo social como variable de ajuste de las políticas de crecimiento económico, y se constituirá como función principal del Estado, otorgándole a éste el rol de promotor y protagonista para generar condiciones de equidad que contribuyan al logro del Vivir Bien, como establecen los principios que guían el Proceso de Cambio.

Lo anterior es válido porque para analizar el presente y proyectar el futuro es necesario revisar antecedentes previos al inicio de la reforma estructural del país. Las nuevas generaciones deben conocer que en el periodo de los gobiernos neoliberales primaba la inequidad y desigualdad, en concreto la gente no veía beneficios sociales y económicos emergentes de las políticas públicas. En resumen, el neoliberalismo era la negación de los derechos de las personas y de los sectores sociales.

En cambio, en el nuevo Estado, durante el período 2006-2019 y a partir de noviembre de 2020 las políticas sociales dan prioridad y atención a los derechos y oportunidades de la población. Ciertamente, el año pasado, el país entró en un pozo por la crisis de la pandemia del coronavirus y la mala gestión de las políticas públicas del gobierno de facto.

El gobierno de Luis Arce retomó las políticas que estaban vigentes antes del golpe de Estado de noviembre de 2019. En ese sentido, la actual administración puso en práctica los lineamientos del modelo de desarrollo productivo, que prioriza la inversión pública y la ejecución de estrategias orientadas a garantizar la atención y resolución de necesidades de la población.

Luego de un traumático 2020 al que las autoridades califican como un fuerte retroceso, en lo que va de 2021 la economía boliviana comenzó a dar señales claras de recuperación, hay un conjunto de indicadores que ingresan a terreno positivo, como la mayor creación de empresas, el aumento de las ventas de restaurantes, el saldo comercial positivo, el aumento de las recaudaciones tributarias, la ejecución de la inversión pública, y la disminución de la tasa de desempleo, entre varios indicadores. Todos estos factores contribuyen a alcanzar las metas de  crecimiento y así  generar recursos para sostener las políticas sociales.

linkedin