El Comité Interinstitucional por el Censo, creado hace algunas semanas en la ciudad de Santa Cruz para respaldar las acciones de su Comité Cívico y de su gobernador Camacho, no representa sino a una mínima parte de su población, a una autoconsiderada élite de la cruceñidad o de la institucionalidad cruceña, como suelen nombrarla sin definir qué se entiende por tal.

La pretensión de convertirse en voz autorizada de los cruceños no ha durado mucho. Dentro de su propia organización surgieron posiciones diferentes a las de sus dirigentes. En algunos aspectos de la demanda censal, su aparente estructura sólida, monolítica, unitaria, parece desmoronarse, mostrando la fragilidad de su estructura, la inconsistencia de sus demandas y la irrelevancia de su supuesto autoadjudicado mandato.

Primero fue el alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, que cuestionó el autoritarismo y discriminación de la cúpula cívica y del Gobernador, al no tomar en cuenta a los representantes de los 56 municipios que integran el departamento, así como a otras organizaciones que componen sectores populares como gremiales o transportistas.

Se lo acusó de traidor de la cruceñidad, de haberse vendido políticamente, de ser enemigo del pueblo cruceño y se empezó la tarea de amedrentarlo, de perseguirlo, de darle ultimátums, al mejor estilo de las mafias con las cuales parecen identificarse los grupos de choque del movimiento cívico cruceño. No pudieron callarlo y comprendieron que su capacidad de convocatoria mostrada en algún otro momento se había debilitado y sus órdenes, de carácter patronal, ya no eran obedecidas como ellos deseaban. Su pugna no era ya contra el Gobierno ni contra militantes del partido oficialista.

Ahí fue cuando la propia gente que los seguía, dentro del llamado Comité Interinstitucional, se dio cuenta de que el matonaje de Camacho y Calvo, en lugar de unir a los cruceños, los dividía, porque además ambos personajes solo velan por sus intereses personales, el Gobernador para ocultar su ineficiencia e incapacidad de conducir adecuadamente la Gobernación y el cívico para evitar la investigación y sanción judicial de las muchas denuncias de delitos que pesan en su contra.

Obviamente, esto tenía que poner en alerta a otros sectores y autoridades que fueron arrastrados detrás de las falsas consignas de los cívicos.

Hace pocas horas, el Rector de la Universidad Gabriel René Moreno fue enfático al señalar que ni Camacho ni Calvo son quienes deciden lo que el Comité Interinstitucional debía hacer o no, a propósito de la advertencia que hicieron ambos dirigentes de un nuevo paro de 72 horas si el Gobierno no los atendía.

La “institucionalidad cruceña” hace rato que hizo aguas, se rompió, perdió legitimidad, si alguna tenía, cargando además el peso de las múltiples denuncias de corrupción y malos manejos en las instituciones que copó a nombre de su cruceñidad, públicas y cooperativas de servicios, entre otras. Su declinación es por demás evidente y ello necesariamente arrastrará a un verdadero recambio de la estructura social y política de Santa Cruz.

Con seguridad que ni Camacho ni Calvo dejarán de hablar, ni de amenazar, ni de ejercer violencia para mantenerse vigentes. Hablarán a nombre de sus agrupaciones de amigos, fraternidades o, incluso, de sus partidos, pero queda claro que ellos ya no pueden hablar a nombre del pueblo cruceño. Ahí ya no hay ninguna posibilidad de volver para atrás.