Karen Longaric, ministra de Relaciones Exteriores. (Foto: Archivo / Infobae)

Bolivia y 58 países firmaron un comunicado conjunto.

Fernando del Carpio / Bolivia Digital

Los ministros y gobiernos de 58 países del mundo, entre ellos la canciller boliviana, Karen Longaric, suscribieron una declaración conjunta en la que se ratifica el compromiso global de acceso universal a los servicios de salud, ante la emergencia por la pandemia del COVID-19.

El comunicado «Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta que tenga en cuenta el género en la crisis del COVID-19», fue difundido hoy y es suscrito por países como Austria, Argentina, Bulgaria, Costa Rica, Sudáfrica, Suecia, Corea, Alemania, Francia, Dinamarca y otros.

“La humanidad se enfrenta a una amenaza sin precedentes como consecuencia del COVID-19. En todo el mundo, la pandemia está teniendo un impacto devastador en los sistemas de salud, las economías y la vida de sus habitantes, y está afectando el bienestar de todos y todas, especialmente los adultos y las adultas mayores. Responder eficazmente a esta pandemia requiere de la solidaridad y la cooperación de todos los gobiernos del mundo, la comunidad científica, los actores de la sociedad civil y el sector privado», dice el documento.

También refiere que el COVID-19 afecta a mujeres y a hombres de modo diferente, y que «la pandemia empeora las desigualdades que sufren las mujeres y las niñas e incrementa la discriminación de grupos marginados, como las personas con discapacidad y las poblaciones que viven en extrema pobreza».

Advierte en ese marco que «se corre también el riesgo de que se violen los derechos humanos de las mujeres y las niñas».

Además «las medidas restrictivas diseñadas para limitar la propagación del virus han aumentado el riesgo de la violencia doméstica, incluida la de pareja. Los sistemas de salud y de protección social, así como los sistemas legales que protegen a las mujeres y a las niñas se han visto debilitados por la respuesta al COVID-19.  Es por eso necesario implementar medidas específicas para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas».

Por lo que se recomienda que «las respuestas de emergencia que se lleven a cabo deben garantizar la protección de todas las mujeres y todas las niñas refugiadas, las migrantes y las desplazadas en el interior de los países».

«Las necesidades de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de apoyo psicosocial y los de protección contra la violencia de género, deben declararse prioritarios para poder garantizar su continuidad. Debemos también responsabilizarnos de la protección social y garantizar la salud, los derechos y el bienestar de los y las adolescentes durante el cierre de escuelas», añade.

La declaración subraya que «es crucial que los líderes del mundo reconozcan la importancia del Acceso Universal a los Servicios de Salud en emergencias», y de garantizar el Acceso Universal a dichos servicios.

«Es por eso que apoyamos la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada ‘Solidaridad Global en la lucha contra el COVID-19’ y alentamos a todos los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil, a los filántropos y otros grupos a que se unan a nosotros para apoyar la respuesta a la emergencia, especialmente en los países más vulnerables, y para dar efecto al compromiso global de acceso universal a los servicios de salud», añade la declaración.