El fiscal general Juan Lanchipa anunció que el expresidente Evo Morales puede ahora ser juzgado por la justicia ordinaria sin perjuicio de que avance también el juicio de responsabilidades que proponen partidos democráticos.

De esa manera, la justicia boliviana, uno de los poderes del Estado que había sufrido el avasallamiento del gobierno del cocalero Morales, levanta la cabeza y muestra su capacidad de actuar como corresponde, bajo el concepto de la independencia de poderes.

Ese concepto, propio de todas las democracias que se respetan, había sido calificado como “un invento del imperio” por voceros del gobierno del cocalero, a pesar de que figura como base fundamental del equilibrio de los roles que cada poder del Estado tiene que cumplir.

El primer juicio por la vía ordinaria que se perfila es el que se proponga castigar, como diga la justicia, al cocalero Morales por haber cometido el grave delito de instigar a sus bases políticas a cercar las ciudades para impedir que reciban alimentos. Esto se llama un delito de lesa humanidad porque pone el derecho de la gente a alimentarse por debajo del derecho que dice tener el exdictador de mantenerse en el cargo.

Cobarde, como es, el cocalero alegó desde su refugio en el exterior que él no dijo esas palabras, pero expertos extranjeros han llegado a comprobar que sí, que él fue quien se proponía matar de hambre a las ciudades bolivianas solo porque quería volver a su cargo de dictador.
No le hubiera importado que miles de niños murieran de hambre: solo quería volver al poder, a los privilegios que había tenido durante catorce años. Los cercos alrededor de las ciudades tenían que impedir el ingreso de los alimentos, como él mismo dijo en esa comunicación.

Pero además está el fraude descomunal descubierto y demostrado por expertos de la OEA, fraude por el cual el partido del cocalero debía haber sido expulsado de la arena política, perdiendo la personería jurídica en vista de que las instituciones nacionales e internacionales habían comprobado el fraude.

La democracia que renacía decidió perdonar al partido del cocalero y dejar que siguiera existiendo, porque se esperaba que sus miembros hubieran recapacitado. Pero algunos huérfanos del masismo, que quedaron después de la fuga del cocalero, no parecen haber entendido el gesto de magnanimidad de la democracia recuperada y se proponen poner piedras en el camino del gobierno de reconstrucción nacional.

No puede ser que un parlamento masista que durante catorce años no censuró a ningún ministro a pesar de haber tenido tantos motivos para hacerlo, venga ahora a recordar que existe la Constitución, esa que había sido pisoteada por el cocalero. ¿Había que esperar que el cocalero fugara fuera del país para que la CPE recuperara su vigencia? Mientras él estuvo en Bolivia, la CPE fue ignorada, pero apenas ha salido al exterior, escapando, se la quiere poner en práctica.

La Bolivia que el 13 de noviembre comenzó a construirse será diferente de la que dejó el cocalero prófugo. Los bolivianos esperan que la labor de reconstrucción no tenga más obstáculos.

Los huérfanos del masismo tienen que entender que el cocalero prófugo solo fue un accidente, lamentable accidente, en la historia del país. Y que ahora es la hora de la reconstrucción.