El frontis de la cárcel de San Pedro, en La Paz.

Las recomendaciones del organismo internacional contemplan protocolos de respuesta para la detección del coronavirus, la actualización de los registros médicos de reos con enfermedades crónicas y garantizar el derecho a la información sobre las medidas de prevención, entre otras.

Karem Mendoza G.

Tras una reunión con el Grupo Interagencial de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia -que brinda asistencia técnica-, la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP) decidió incluir los protocolos de respuesta de detección de coronavirus (COVID-19), además del registro de presos con enfermedades crónicas, garantizar el derecho a la información y otros en sus planes de acción y contención de la enfermedad en las cárceles del país.
 
El director general de la DGRP, Clemente Silva, informó que incluirá las recomendaciones de las Naciones Unidad en su Plan de Acción y Contención, al igual que en el Plan de Intervención ante el COVID-19, con un flujograma de atención oportuno.
 
Las cinco sugerencias del organismo internacional contemplan la aplicación de protocolos de respuesta desde la detección de casos de COVID-19 hasta la derivación a centros de salud. Asimismo, recomienda realizar simulacros con los reos y el personal de las cárceles así como las instancias de salud.
 
Los registros y archivos médicos de las personas con enfermedades crónicas deben estar actualizados para detectar a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. También será responsabilidad de las autoridades informar a los presos sobre las medidas de prevención de la pandemia.

El Régimen Penitenciario deberá garantizar el derecho a la información de los privados de libertad y el acceso a la protección jurisdiccional. Por otro lado, preverá las formas de contención psicoemocional para el personal de seguridad, personal administrativo y médico, presos y sus familiares, indica la penúltima recomendación.

Finalmente, las Naciones Unidas sugieren coordinar con el Órgano Judicial y la Fiscalía General del Estado para reducir el hacinamiento y las condiciones precarias en las que viven otorgando la liberación temprano.

Al respecto, una de las primeras acciones del Gobierno fue enviar a la Asamblea Legislativa un decreto de Amnistía e Indulto para reducir la sobrepoblación en centros penitenciarios. Este Órgano debate la norma tomando en cuenta a las presos mayores de 58 años, mujeres embarazadas o con hijos menos de dos años y con delitos menores.
 
El Sistema de Naciones Unidas agradeció la predisposición de las autoridades por contribuir a la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de los grupos en situación de vulnerabilidad en las cárceles. Entre tanto, reafirmó su compromiso para continuar brindando asistencia técnica al país sobre derechos humanos para reos durante la pandemia.
 
Según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, hasta marzo de 2020 en el país existían 18.108 personas privadas de libertad, de las cuales 16.905 eran hombres y 1.203 mujeres. 6.423 personas con sentencia y 11.685 con detención preventiva.