La ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, dijo que las relaciones diplomáticas con Argentina están “virtualmente paralizadas” debido a la actitud hacia Bolivia que tiene el gobierno del peronista Alberto Fernández.

El propio presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó el comportamiento que tiene el Gobierno argentino hacia Bolivia, mientras que desde Estados Unidos el mandatario Donald Trump hizo una alusión a los intentos de crear violencia en Bolivia “desde el exterior”.

El comportamiento del régimen peronista hacia Bolivia equivale a una intromisión en asuntos internos, pues se niega a reconocer que el anterior gobernante boliviano renunció y se ausentó del país, fue reemplazado de manera constitucional siguiendo las normas de sucesión, y que la nueva Mandataria fue reconocida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y por el parlamento —donde existe dos tercios de representantes del partido del renunciado— y es aceptada por toda la población.

Para los peronistas argentinos, ahora en el Gobierno, todo lo ocurrido en Bolivia, incluso la convocatoria a elecciones con nuevas autoridades electorales, es ilegal porque perjudicó a un gobernante de la corriente del socialismo del siglo XXI.

No importa lo que haya dicho la OEA en su investigación sobre el fraude electoral del 20 de octubre, ni la inapelable ratificación hecha por la Unión Europea de las irregularidades de esas elecciones: Argentina insiste en que todo debe volver atrás porque así lo ha decidido el gobierno dirigido por Cristina Fernández de Kirchner, quien tiene cargos muy pesados ante la justicia argentina, incluido uno por presunta complicidad en el asesinato de un fiscal.

Hasta el momento, ciudadanos argentinos que no están de acuerdo con esa actitud del peronismo han salido a las calles de Buenos Aires a pedir la expulsión del cocalero boliviano, que tiene un régimen de refugiado con una subvención de 66 mil dólares por mes pagados con los recursos de los impuestos de los argentinos.

Está violando las normas de los refugiados, porque permite al expresidente boliviano hacer política desde territorio argentino lanzando amenazas para que sus bases dedicadas a la producción de estupefacientes se dediquen a cercar ciudades para evitar el ingreso de alimentos, hasta que él pueda volver a la presidencia. Por el momento reclama el derecho a ser jefe de campaña de su partido en las próximas elecciones.

El Gobierno argentino que comete estos actos de intromisión en asuntos internos bolivianos encara, a pocos días de haber asumido, varios frentes de protesta. Los empresarios agrícolas están molestos con las “retenciones” del 33% del valor de sus exportaciones, relanzadas después de que habían sido eliminadas por el gobierno de Mauricio Macri. Es probable que se produzcan protestas. Bolivia, en este caso, sin entrometerse en cuestiones internas, debería hacer conocer a los empresarios argentinos que pueden venir a invertir aquí, desde donde podrán exportar todo lo que quieran, con tal de que produzcan y hagan crecer la economía, generen empleos y lleven al país a la prosperidad.

Por el momento, los bolivianos miran con asombro la actitud intervencionista del Gobierno argentino.