La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ha hecho algunas recomendaciones para asegurar que el sector productivo de alimentos pueda hacerlos llegar hasta los mercados de consumo, y de esa manera resolver un tema central surgido de la cuarentena.

Se trata de pedidos que llegan a las autoridades para que el esfuerzo de los productores, que mantienen sus actividades a pesar de todo, no se quede frustrado por obstrucciones en el transporte de esos productos.

Dice la CAO que, en primer lugar, debe asegurarse que todos los mercados donde llegan los productos del sector cárnico operen de la manera más eficiente, sujetos a las previsiones de seguridad que dispongan las autoridades.

Lo que observa la organización es que disposiciones adoptadas por autoridades regionales están impidiendo el flujo de los productos a los mercados a pesar de que el gobierno central ha expresado su determinación de evitar las trabas.

Si el gobierno nacional ha dispuesto, por ejemplo, el libre tránsito de ganado en todo el territorio, no tendrían que surgir obstáculos por parte de las autoridades regionales. Un alcalde no tendría que arrogarse la potestad de decidir medidas que vayan en contra de lo dispuesto por el gobierno nacional.

La idea central es que los productos circulen por el territorio cumpliendo los protocolos de bioseguridad, pero que no haya ningún otro motivo por el que alguien, desde una autoridad regional, disponga lo contrario.

Se trata esta de una emergencia nacional, de un motivo fuerza mayor que obliga a tomar medidas especiales pensando en la prioridad del gobierno nacional de proteger la salud de las personas.

No hay otra autoridad que pueda interponerse a las decisiones del gobierno nacional. Ni las autoridades regionales ni las organizaciones civiles, se llamen comités cívicos o también organizaciones sociales, que estuvieron de mora durante la dictadura del cocalero Morales.

El concepto es clave, en todo el mundo. Y eso tendría que darse también en Bolivia, según sugiere la CAO.

La cuarta petición indica que se respete la normativa vigente ya trabajada con el sector agropecuario y que el ordenamiento esté a cargo de un solo órgano rector del sector público con base en la normativa nacional.

La quinta demanda sugiere que se implementen mecanismos digitales y se habiliten canales para reanudar la importación de insumos para el sector agropecuario.

Por último, el organismo de los productores del agro cruceño aclara al país:  “Nos vemos en la necesidad de realizar este planteamiento, debido a que los efectos negativos de algunas medidas desproporcionadas ya empiezan a perjudicar a ciudadanos que deben pagar precios elevados para conseguir alimentos, cuando los productores estamos entregando a precios muy bajos, habiéndose incluso desperdiciado productos por estas complicaciones”.