Los dos tercios del MAS en el Senado promulgaron la Ley de postergación de elecciones, sin tomar en cuenta la crisis sanitaria que vive el país. (Foto: Archivo)

Eliana Uchani / Bolivia Digital

La organización de la sociedad civil denominada La Ruta de la Democracia rechazó la ley promulgada por el Movimiento al Socialismo (MAS) en el Legislativo, que emplaza al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a realizar el proceso electoral en 90 días.

La organización advirtió que, si bien las elecciones no pueden postrarse, se requiere un plazo razonable, que se debe definir de acuerdo a un estudio científico para desarrollar el proceso electoral que garantice el bienestar y la participación de toda la población. Además, que permita implentar los mecanismos de bioseguridad para el conjunto de la ciudadanía.

“Las organizaciones de la sociedad civil, miembros de La Ruta de La Democracia, nos pronunciamos en rechazo a la Ley 1297 que fija un plazo de 90 días para llevar adelante las elecciones en medio de la crisis sanitaria ascendente que vive el país por el coronavirus”, dice el comunicado.

Hace una semana, la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, promulgó la Ley de Postergación de Elecciones, que establece un plazo de 90 días a partir del 3 de mayo para que se realicen los comicios.

Al respecto, el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para anular la norma porque atenta contra la salud de la población.

El comunicado asegura que el distanciamiento social aún es fundamental para impedir el contagio masivo, por lo tanto es casi imposible que en proceso electoral se desarrolle en el plazo definido por los dos tercios del MAS en la Asamblea Legislativa.

«El centenar de policías infectados, periodistas y servidores públicos en cuarentena demuestra que el distanciamiento social es todavía fundamental para impedir un contagio masivo de los ciudadanos bolivianos, algo imposible de conseguir en caso de llevarse adelante elecciones presenciales dentro de 90 días», destaca el pronunciamiento.

Consideraron que es necesario mantener el  espíritu de la Ley 226, del 24 de noviembre de 2019, que concedió un rango de flexibilidad para que el propio Órgano Electoral defina la fecha de manera oportuna, según los requerimientos logísticos para cumplir y reprogramar adecuadamente el calendario electoral.

Consideraciones

La organización pidió considerar al menos nueve puntos. Entre los principales están: delimitar parámetros y criterios de evaluación sobre las condiciones sanitarias mínimamente requeridas para llevar a cabo un proceso electoral.

En relación a la obligatoriedad del voto, es necesario ponderar hasta dónde el Estado puede obligar al ciudadano asistir a las urnas, tomando en cuenta el riesgo de contagio.

Hasta qué punto se puede obligar a que los jurados electorales cumplan con esa función, ya que estarán durante toda una jornada en contacto con la ciudadanía que asiste a emitir su voto.

El Estado boliviano debe garantizar el ejercicio electoral de los votantes residentes en el extranjero. En las condiciones actuales, este derecho depende de la normativa de cada país. La no observación de estas garantías puede ser entendida como discriminación.

EL TCP deberá ponderar en su justa dimensión las condiciones para el ejercicio de los derechos electorales preservando el derecho a la vida y salud de los bolivianos.