• Gabriela Ramos/

El rechazo de la población cruceña al paro cívico convocado para el 8 y 9 de agosto cada día se hace más contundente. Ayer, universitarios de la Gabriel René Moreno, campesinos cruceños y los productores cañeros anunciaron que no acatarán la medida, así como su respaldo al Censo.

El Ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Miguel Carrasco, anunció a los medios de comunicación la determinación de los estudiantes universitarios.

“No vamos a apoyar el paro (…) Ya no queremos más confrontación, pelea, queremos que el Censo se haga, que sea transparente y podamos hacerlo de manera conjunta para que salga bien y que el único beneficiado sea la población, Santa Cruz y Bolivia”, aseguró Carrasco, en el marco de una reunión entre los municipios cruceños, juntas vecinales de la urbe capital y el alcalde cruceño Jhonny Fernández.

El rechazo del estamento estudiantil de la Gabriel René Moreno hacia la medida se suma a la oposición manifestada por sectores como el transporte, gremiales, Bloque Oriente, campesinos, exportadores, municipios, Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la Central Obrera Departamental, juntas vecinales, la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Santa Cruz, “Bartolina Sisa”.

Dichas organizaciones e instituciones cruceñas anunciaron que no acatarán la medida, convocada por el gobernador Fernando Camacho y el Comité Cívico, a través del llamado Comité Interinstitucional Impulsor del Censo.

Camacho y los cívicos convocaron al paro contra la reprogramación del Censo, previsto para el primer semestre de 2024, pese a que ellos mismos pedían que este proceso se posponga, cuando estaba previsto realizarse este año.

Por su parte, la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol) y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz “Apiaguaiki Tüpa” también hicieron público su rechazo a la medida de presión.

De hecho, los trabajadores campesinos cruceños advirtieron que defenderán al gobierno del presidente Luis Arce Catacora ante cualquier intento de desestabilización por parte de la derecha. 

El alcalde cruceño, Jhonny Fernández, reiteró su oposición al paro bajo el argumento de que esta medida atenta contra la economía del departamento, además que protestó contra la segregación que hace el Comité Interinstitucional al no dar voz a vecinos y a los municipios, pues no fueron convocados a las reuniones donde asumió la medida de presión.

“Por qué yo voy a ser cómplice de la afectación a la economía de mi departamento, de mi país, por qué voy a ser cómplice de que a la gente a quien tenían que darle la voz no la hayan convocado (…) Aquí en la alcaldía se trabajará de manera normal”, reiteró.

A contramano de la Gobernación, Fernández inició un trabajo técnico con los municipios afiliados a Amdecruz para coadyuvar en la elaboración de cartografías, de cara a la realización del proceso censal.

El transporte cooperativizado de Santa Cruz ratificó que no acatará la paralización de actividades, pues una medida de esa naturaleza no hace más que “ahogarlos económicamente” y pidió garantías al Gobierno y a la Policía para trabajar de manera normal el 8 y 9 de agosto.

“No vamos a acatar el paro en Santa Cruz y pedimos las garantías al Gobierno y a la Policía para trabajar. Ya no estamos para aguantar, económicamente el paro nos está matando”, manifestó.

Camacho llama a la confrontación

Sin embargo, el gobernador cruceño, Fernando Camacho elevó el tono de sus declaraciones y llamó a la población cruceña a “salir a las calles” los días de paro.

“Decirle al pueblo cruceño que este lunes y martes demostremos la fuerza de este departamento, la convicción y la fe que tiene el ciudadano que vive en este departamento, salgamos a las calles y manifestemos nuestras voces que es la única vía en la que podemos encontrar una victoria en esta gran lucha del Censo”.

Ante este panorama, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, advirtió que Camacho no representa a todo el departamento y lamentó que no esté leyendo la realidad, habida cuenta que más sectores suman su protesta contra la medida que pretenden asumir.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

“Camacho no representa a todo el departamento de Santa Cruz, no está entendiendo y no está leyendo que Santa Cruz hoy quiere trabajar, y eso se ha visto en la débil convocatoria al paro (del 25 de julio)”, expresó la viceministra.

Alcón se hizo eco de los pronunciamientos de gremiales, transportistas, universitarios y otros sectores que no hallan argumentos que justifiquen una paralización de actividades, tomando en cuenta que el Gobierno está en pleno trabajo de socialización para establecer los estándares de despolitización del censo y que está cumpliendo con los compromisos establecidos con universidades, alcaldes y gobernadores.

En ese sentido, llamó nuevamente a los cívicos y al Gobernador de Santa Cruz para que dialoguen y se sumen al trabajo de despolitización del Censo, pues el país requiere que sus autoridades, instituciones y población en general continúen trabajando por el crecimiento de la economía.

“Nosotros sabemos y apostamos que siempre tiene que primar el diálogo y la despolitización del Censo, convocamos a que sigamos trabajando en esta reconstrucción económica y productiva”, añadió.

Advierten que Camacho pretende reeditar un golpe de Estado

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, reiteró la denuncia de que el gobernador del departamento de Santa Cruz, Fernando Camacho, busca reeditar un nuevo golpe de Estado, como el que promovió en 2019, con la complicidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) y grupos paramilitares.

Señaló que una muestra de esta intención es el intento de toma de la refinería de Palmasola, por parte de un grupo de transportistas, que serían afines a la autoridad departamental.

“Lo que quiere hacer el Gobernador de Santa Cruz con su bloqueo es gestar un segundo golpe de Estado y no es que recién comenzará a bloquear, ya lo hizo desde el día jueves cuando intentó tomar la refinería de Palmasola, con un grupo selecto de transportistas para coartar el derecho de todos los transportistas, para que no se abastezcan con diésel y gasolina”, denunció.

Montaño protestó por la intención de la dirigencia cívica de paralizar todo el departmento y cerrar fronteras, lo que ocasionará una pérdida de más de $us 64 millones por los dos días de paro, es decir a razón de $us 32 millones por jornada.

“(Es inaceptable) perder $us 32 millones por día de paro, por simplemente ideología política, ni siquiera por gestión, simplemente por diferencias políticas que el pueblo boliviano ya definió en una elección democrática (con la elección del presidente Luis Arce”, objetó.

El titular de Obras Públicas ya había denunciado el jueves que los cívicos y operadores afines a Camacho estaban convocando a las barras bravas de los principales equipos de fútbol de Santa Cruz para que salgan a las calles y hagan cumplir la medida por la fuerza.