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Redacción central – Edición impresa

La institucionalidad en la Policía Boliviana está garantizada por el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez, por lo que no se permitirá la injerencia política en el cambio de destino de los efectivos ni para la designación de las autoridades.

“No se va a permitir el manoseo político en la Policía Boliviana, como las posibles llamadas de senadores o diputados para que se cambie de destino a sus ahijados. La institucionalidad va a primar en la Policía como institución fundamental del Estado que necesita condiciones, independencia y respeto a fin de que se le permita cumplir a los efectivos con las labores constitucionales en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos”, aseveró ayer el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, en entrevista con radio Panamericana.

Procesos de investigación

Respecto al destrozo y quema de varias unidades policiales durante las jornadas de protesta y movilizaciones, dijo que esos actos vandálicos perjudicaron los procesos investigativos, principalmente en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de El Alto, porque al margen de quemar las infraestructuras, la muchedumbre se llevó documentos, equipos de comunicación, computadoras, enseres, frazadas, colchones e incluso uniformes policiales.

“Se ha instruido cuantificar los daños por las quemas de infraestructuras, y con carácter urgente en El Alto. El Gobierno coadyuva en temas de limpieza y la evaluación de las estructuras dirá si son reutilizables o habrá que demolerlas para emplazar otras a la brevedad.

A pesar de que la Policía alteña y la paceña se han quedado sin ambientes para desarrollar sus labores con normalidad, Santamaría destacó el compromiso de los uniformados ya que cumplen con su misión de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En ese sentido, agradeció la ayuda que recibe la Policía de parte de organismos de cooperación externa, como del Plan Internacional que donó equipamiento, muebles y otros artículos, así como la predisposición de la UNODC para apresurar el restablecimiento de las actividades policiales.