*Marco Centellas Castro

El 10 de noviembre, nuestro sistema político presentó un quiebre en la institucionalidad nacional. Una situación de crisis que está siendo resuelta extremando recursos de análisis e interpretación de nuestra norma constitucional, a fin de darle continuidad al funcionamiento del Estado y garantizar que exista gobierno. La pregunta obvia es: ¿qué sucederá después del 22 de enero de 2020? 

Es imperativo y necesario contar con un gobierno más allá de esa fecha. No puede existir un Estado sin ese forzoso elemento constitutivo. La presidenta Jeanine Áñez, cabeza y máxima autoridad del Órgano Ejecutivo, lo es de ese órgano y no —como malentenderían algunos jurisconsultos y políticos— una senadora cuyo mandato también se extinguirá junto con el de los demás asambleístas plurinacionales.
Es preciso recordar que esta es una situación sui géneris. La Constitución prescribe la sucesión en condiciones en que el tiempo de mandato del o la presidenta tuviese un buen margen de tiempo, pero no desarrolla nada con relación a plazos cortos, como este, de no más de 70 días para el término de la legislatura.

Ampliando una visión jurídica muy dogmática, incluso es necesario advertir que solo si el o la presidenta de Diputados habría sido el o la elegida para la sucesión, solo a esta autoridad se le aplican los 90 días para convocar a elecciones, ni siquiera para realizarlas, solo para convocarlas. Está meridianamente claro que esos 90 días no aplicarían en el supuesto hipotético de que la sucesión habría sido por el vicepresidente o presidente del Senado, situación cumplida en nuestro país. 

Si acaso tuviésemos que aplicar todos los plazos de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas y la 026 del Régimen Electoral, posiblemente tendríamos que celebrar elecciones a fines de  2020. Es deseable que el nuevo Tribunal Supremo Electoral, a tiempo de entender su rol de administración electoral, también contribuya a la pacificación del país, por lo que en la convocatoria que emitirá debe ajustar (achicar o reducir) plazos o eventualmente requerir que estos sean parte de una ley corta exclusiva para este proceso electoral. Ante este rol protagónico del cuarto poder del Estado, considero que el Tribunal Supremo Electoral, mediante resolución de sala plena, debe recomendar la ampliación del gobierno transitorio por cuestión de “necesidad y emergencia nacional”, tomando en cuenta que el país no puede quedar en un eventual “vacío de poder”. 

Para entender este propósito habrá dos vías: la primera a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, sobre la base de interpretar la eventualidad del vacío, y por otra el propio Órgano Legislativo, que mediante ley autorice la ampliación del gobierno de Jeanine Áñez según el calendario electoral y eventualmente el tiempo de las actuales cámaras del Legislativo (aunque se supone carencia de legitimidad). Para mayor abundamiento y como antecedente, la gestión de las autoridades subnacionales que vencía en enero de 2010 fue ampliada por cinco meses más, hasta que después de verificadas las justas electorales en abril de 2010 tomaron posesión en julio de ese mismo año.
No debemos olvidar que el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció una línea definida sobre la sucesión al avalar la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia transitoria, con el argumento de que no puede existir vigencia del Estado sin autoridad central (Sentencia Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001 que se sustenta en la “vacancia” del presidente). Actuar en contrasentido no tendría justificación. 

La necesidad de la permanencia del gobierno de Áñez más allá del 22 de enero de 2020 ya es inexcusable y necesaria.
No debemos olvidar los casos emblemáticos del general David Padilla Arancibia en 1978 y de Walter Guevara y Lidia Gueiler después en 1979, quienes se dieron entre nueve meses y un año, respectivamente, para gobernar el país temporalmente y en ese tiempo llamar a elecciones y posibilitar una transición democrática.

El general David Padilla Arancibia derrocó a otro militar, el general Juan Pereda Asbún en 1978, ante la evidencia de que Pereda afirmaba su poder por la fuerza a través de un fraude escandaloso que arrebató el triunfo a Hernán Siles Zuazo, de la Unidad Democrática y Popular (UDP).  

El caso de Lidia Gueiler es muy similar al de hoy. El 16 de noviembre de 1979, el entonces Congreso Nacional, luego del golpe de Estado de Natusch Busch, aprobó por consenso su designación como presidenta interina. 

En el texto del documento se expuso la “necesidad de normalizar la vida institucional del país en el marco de la Constitución Política del Estado y de los factores políticos reales emergentes de la quiebra del proceso democrático constitucional producido el 1 de noviembre”. Fue entonces, en conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política del Estado de 1967, que se encomendó el mando de la República a la primera mujer como mandataria: “Presidenta de la H. Cámara de Diputados, ciudadana Lidia Gueiler Tejada, quien asumirá las funciones de presidenta interina de la República a partir de la fecha hasta el 6 de agosto de 1980”. 
Es llamativo el hecho de que las dos únicas mujeres presidentas del país hayan coincidido en etapas de transición y de retorno a la institucionalidad democrática.

Queda mucho por transitar en este retorno a la institucionalidad democrática. Vayamos a paso firme y seguro. Devolvernos la paz y la serenidad no debe apurar nada, bajo ningún pretexto.

*Es docente de Derecho y exvicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA.