Funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) acaban de descubrir la existencia de grupos de exfuncionarios de esa repartición dedicados a tráfico de tierras en el país aprovechando las “dotaciones” de tierras fiscales que hizo el gobierno del cocalero Morales.

Inmensas extensiones de tierras fueron entregadas, en calidad de “dotación”, a pueblos originarios del altiplano por el gobierno anterior con intención de “colonizar” provincias enteras de Santa Cruz, ante la protesta infructuosa de los ciudadanos de la región. Ningún pueblo originario de la zona se benefició con esa política de reparto de tierras; los beneficiarios tenían que ser ajenos al lugar, foráneos. Esa era la condición.

Los hallazgos hechos ahora serán presentados ante el Ministerio Público para los procesos judiciales correspondientes, según dijo el anuncio oficial. Los responsables deberán responder ante la justicia. Quienes manejaron el Ministerio correspondiente y quienes condujeron el INRA, además de los dirigentes de los pueblos trasladados, y los traficantes, serán sometidos a la justicia.

Sería un nuevo caso en contra de los responsables del INRA del gobierno del cocalero, que se suma al multimillonario escándalo del “Fondo Indígena”, que manejó más de 600 millones de dólares, no se sabe para beneficio de quién o de quiénes, aunque se sepa que todos son del partido del cocalero.

Todo esto se sabía en Santa Cruz. Los “beneficiarios” de las tierras fiscales recibían entre 50 y 500 hectáreas cada uno de manera gratuita y de inmediato ponían esas tierras a disposición de los traficantes, que podían venderlas a cualquier interesado. Se estaban privatizando las tierras fiscales pero mediante un procedimiento tramposo, mediante intermediarios, todos ellos del partido del cocalero.

Los problemas que surgieron en Roboré el año pasado tuvieron relación con este manejo doloso de las tierras cruceñas. El gobierno del cocalero estaba entregando tierras del Valle de Tucabaca a sus seguidores, a pesar de que se trataba de un parque nacional protegido por las leyes del país. Los “beneficiarios”, además, estaban incendiando tierras que habían recibido próximas a Roboré, ciudad que estaba sufriendo el acoso de los inmigrantes y del fuego, al mismo tiempo.

En otros países, como Estados Unidos, las tierras fiscales son de pastoreo, que el Estado administra permitiendo el ingreso de ganado, a cambio de pagos. Y en otros, las tierras son vendidas a privados, siempre que tengan proyectos modernos de inversión, como en Brasil o Paraguay, países que son líderes de la producción de soya.

El caso INRA-II permitirá conocer detalles de este nuevo escándalo que afecta al cocalero y a su candidato.