Especial - CIJ La Haya- ABI

 

F. D. C.

En 2013, Bolivia interpuso  una demanda ante la Corte Internacional  Justicia (CIJ) de La Haya para que declare que Chile tiene la obligación de negociar una salida al mar en favor del país; sin embargo, seis años después, ese tribunal no halló elementos para dar la razón a la demanda nacional.

El juicio fue planteado durante la administración del entonces presidente Evo Morales, quien conformó un equipo jurídico liderado por el expresidente y agente ante la CIJ Eduardo Rodríguez Veltzé, que fundamentó los alegatos en mérito a compromisos asumidos a lo largo de la historia.

Empero, la Corte no halló evidencia de esas obligaciones y tras la ronda de argumentos escritos y orales, desarrollados desde 2014, el 1 de octubre de 2018 determinó que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al océano Pacífico.

No obstante, el mismo fallo consideró que ambas partes pueden dialogar “con voluntad” y en el marco de un espíritu de “buena vecindad”

Competencia de la CIJ

Uno de los principales hitos  de la demanda —y que dio mucha esperanza sobre un eventual fallo favorable— fue la decisión de la Corte de declararse competente, en septiembre de 2015, para dirimir la demanda, pues Chile, un año antes, objetó la jurisdicción de ese tribunal, con el fin de dejar sin efecto el juicio por el mar.

Fue esa decisión que llevó al gobierno de Morales a impulsar una intensa campaña nacional y ante la comunidad internacional para sumar respaldo a la causa boliviana.

El expresidente y actual candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, fue también uno de los principales protagonista del juicio, pues entre 2014 y 2018 fungió como vocero de la demanda marítima, aunque luego dejó el cargo para postularse en las elecciones primarias de 2019.

Mientras eso ocurría en Bolivia, el gobierno chileno, al mando de Sebastián Piñera, se dedicó a reforzar sus alegatos jurídicos. Uno de sus principales argumentos era que la frontera entre su país y Bolivia se había fijado por medio del Tratado de 1904, el cual también estipuló un acceso al mar “sin soberanía”.

Ese fue el principal argumento que usó para tratar de anular la competencia de la CIJ, pues según Santiago, el asunto se zanjó antes del Pacto de Bogotá (1948), y el tribunal recién comenzó a tener competencia en demandas  activadas por los países que suscribieron el pacto.

Entre 2013 y 2018, las tensiones entre ambas naciones fueron más evidentes. Luego de que Piñera dejó el cargo, Michelle Bachelet asumió la presidencia, entre 2014 y 2018, pero culminó su mandato justo antes del fallo. Piñera volvió al poder y recibió el dictamen de la CIJ. La relación de Morales con ambos mandatarios chilenos siempre fue tensa y ahora los candidatos presidenciales buscan “reencausar” un diálogo bilateral de “largo plazo” con el Gobierno vecino.