Armando Aquino Huerta /

El Diccionario de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas, sobre DELITO POLÍTICO dice: “El que tiende a quebrantar, por hechos ilícitos, el orden jurídico y social establecido, atentando contra la seguridad del Estado; contra los poderes y autoridades del mismo o contra la Constitución o principios del régimen imperante…”, relacionado con el hecho de que el 17/septiembre/2021 la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz resolvió y sancionó la ley para nombrar autoridades del Ministerio Público, Contraloría General del Estado, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Supremo de Justicia…, para que su gobernador Luis Fernando Camacho la promulgue, demuestra indubitablemente que los políticos del grupo Creemos tienen el plan, objetivo y finalidad de separarse de Bolivia y dividir nuestra Patria, conforme se pasa a analizar.

Tal hecho se subsume perfectamente al delito de separatismo tipificado en el Art.129 bis de la Ley 1768 Código Penal que dice: “El que en forma individual u organizada resolviere inconstitucionalmente, agrediere, atacare, violentare o asaltare teniendo la finalidad de dividir, disgregar o separar la unidad del Estado, será sancionado con privación de libertad de treinta (30) años sin derecho a indulto. Igual pena se aplicará al que colaborare, organizare, financiare, controlare, determinare, facilitare o cooperare en tal acto separatista”.

La referida ley departamental sancionada, viola también la unidad de Bolivia prevista en el Art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE) relacionada con el pluralismo de los pueblos indígenas, originarios y campesinos identificados por la wiphala, cuya unidad no puede ser atacada, violentada ni dividida, por estar protegida por el citado Art. 129 bis. Y desconoce que “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral…” cual prevé el Art. 12. I. de la misma Constitución.

Dicha ley sancionada fue dejada en suspenso por el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia mediante el Auto Constitucional 159/2021-CA/S de 1 de octubre de 2021, por la medida cautelar solicitada por el senador Andrónico Rodríguez Ledezma, presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Es decir, estamos ante un DELITO FRUSTRADO porque los asambleístas que sancionaron dicha ley para que la promulgue su gobernador Luis Fernando Camacho realizaron todos los actos necesarios para cometer el delito, pero no se consumó, por causas ajenas a su voluntad —la medida cautelar solicitada por el senador Andrónico Rodríguez—; consiguientemente el caso no es complejo porque dicho delito y sus autores están probados con la sanción de dicha ley, las actas de proposición, deliberación, aprobación y el Art. 20 del Código Penal.

Lo expuesto hace ver que hay gente que comete delitos fácilmente, queriendo, meditando, planificando y deliberando, porque el delito de SEPARATISMO no se comete sin querer, por mala suerte ni por imprudencia; realidad que invita a leer sobre la habitualidad al delito, y consultar la opinión de psicólogos y legisladores para agravar la pena, porque la actual no parece proporcional a la gravedad del delito, a la malicia de los autores y daño causado, en ese sentido se puede leer  Discurso sobre las penas, de Manuel de Lardizabal y Uribe; mas no a novelistas, que por su imaginación y ficción podrían sugerir el infierno o purgatorio.

En consecuencia, se deben iniciar las acciones penales pertinentes, ni qué decir si a los de la derecha fascista no les interesa Bolivia. “EN LOS DELITOS SE MIRA ANTES LA VOLUNTAD QUE EL RESULTADO”. (Armando Aquino Huerta es abogado penalista)

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