Redacción central – Edición impresa

Si bien luego de la crisis de 2005, el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé convocó a elecciones por decreto supremo, por entonces la Corte Nacional Electoral (CNE) estaba completa salvo algunos ajustes que se realizaron en el camino.

Después de la definitiva dimisión de Carlos de Mesa a la presidencia, el 10 de junio de 2005 Rodríguez Veltzé, hasta entonces presidente de la Corte Supremo de Justicia, asumió el mando del país con la misión de convocar a nuevas elecciones para elegir al presidente, vicepresidente y renovar el Parlamento.

Por entonces, la Constitución Política del Estado (CPE) —parágrafo III del artículo 93— establecía un plazo de 180 días para la convocatoria a elecciones y la Corte Nacional Electoral (CNE) estaba casi completa: contaba con cuatro (Oscar Hassenteufel Salazar, Salvador Romero Ballivián, Jerónimo Pinheiro Lauria y Roxana Ibarnegaray) de los cinco vocales.

El 6 de julio de 2005, Rodríguez Veltzé aprobó el Decreto Supremo 28228 por el cual convocó a las elecciones generales para el 4 de diciembre de ese año.

Uno de los escollos que se presentó entonces fue que el mandato de Hassenteufel e Ibarnegaray fenecía el 1 de agosto de ese año.

Ante ese escenario, el 20 de julio de 2005, el Congreso reeligió a Hassenteufel y sustituyó a Ibarnegaray con Amalia Oporto.

Ahora el escenario es distinto. Jeanine Áñez asumió la presidencia del país el 12 noviembre luego de la dimisión de Evo Morales, Álvaro García Linera y los titulares del Senado (Adriana Salvatierra) y de Diputados (Víctor Borda).

A la par de ello, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los tribunales electorales departamentales están acéfalos porque son procesados por varias irregularidades cometidas en las elecciones del 20 de octubre.

Por mandato de la CPE corresponde nombrar a los siete integrantes del TSE en la Asamblea Legislativa y a 45 vocales de los TED —cinco por departamento—, los cuales tienen que ser propuestos por las asambleas departamentales.

Por disposición del artículo 169 de la Constitución, el Gobierno de transición tiene 90 días para llamar a elecciones.