Eduardo León Arancibia

Lo sucedido en la Sala Constitucional Primera y el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Primero en La Paz es el paradigma de la forma como los jueces pueden ser dóciles con depravados sexuales. Así se comprueba del caso relacionado a RPH quien fue sentenciado por la instancia judicial a 15 años de cárcel por el delito de violación con agravante de niño niña y adolescente, cometida contra sus propias hijas y sobrina y quien ahora fue beneficiado con una resolución de Acción de Libertad y cesación a la detención preventiva valiéndose de la cuarentena, en abierta violación a los circulares emitidos por el Órgano Judicial que recomienda bajo aplicación de los criterios expuestos por la CIDH y la OEA, acceder a este beneficio EN CIERTOS CASOS, donde por supuesto el sentenciado no se ajusta. ¡Pero que va! Son simples mujeres violadas desde niñas, que para el Estado no existen o son simples estadísticas.

¿Qué hacer entonces ante la frustración de las víctimas? ¿Acaso tomar la justicia por mano propia?

La Escalada de violencia sexual contra menores de edad en Bolivia, no se detiene ni en cuarentena y bajo el triste actuar de ciertos jueces, queda comprobado que la impunidad y las modalidades de operación generan una mayor protección a los victimarios.

El acto abominable consumado en los tribunales de La Paz, es una evidencia del porque las cifras de agresiones a niñas y niños se incrementan en el país, ante una evidente impunidad en que se deja a los violadores aunque resulte indignante ver a menores de edad que ingresan a los hospitales con signos de abuso sexual y ataque de sus propios progenitores.

Los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abuso sexual con frecuencia callan por miedo, culpa o vergüenza. Se sienten cómplices, humillados y estigmatizados. En el caso que nos ocupa, las hijas del violador encararon en juicio a este y lo desenmascararon ante la justicia, pero de nada valió el dolor y el llanto si al final el resultado es el mismo. Dejarlo en libertad e impunidad.

Ahora las niñas violadas de este caso, quedan a la espera del actuar de las autoridades, las que devuelvan al agresor a prisión por el peligro que este representa, buscando dejar de ser invisibilizadas a sabiendas que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes debiera ser tratada como crimen de lesa humanidad ante la deslegitimación del Estado como ente sancionador, frente a la impunidad del victimario y la ineficacia del operador judicial.