Israel Quino / Abogado y periodista

1. Con los plazos de la nueva ley recién habrá vocales del TSE y de los TDE del país aproximadamente el 21 de diciembre. De allí se cuentan recién los 120 días para el proceso de elecciones generales, es decir, abril. Si los 45 días en caso de haber segunda vuelta están incluidos allí, tendríamos nuev@ president@ el 21 de abril de 2020. De lo contrario se extenderían 45 días de  segunda vuelta, cinco días más para entrega de credenciales y 15 días para la transmisión del mando, es decir, última semana de mayo o inicio de junio de 2020.

2. Si no está contemplada la segunda vuelta recién la segunda semana de mayo o hasta junio quizás habría president@.

3. El 22 de enero cesan diputados y senadores en la ALP, si no hay ley interpretativa sujeta a control de constitucionalidad de parte de TCP para extender mandato de los legisladores, de allí que existe la posibilidad legal de gobernar vía decreto supremo.

4. Las autoridades del TSE deberán evaluar si fusionan elecciones subnacionales (que ya cumplen en abril) para llevar ambos procesos.

5. Últimas elecciones subnacionales en el país más de 16 millones de dólares, últimas elecciones generales más de 31 millones de dólares, en los últimos 14 años más de 170 millones de dólares en procesos electorales. Hay razones que deberán evaluar las próximas autoridades del Órgano Electoral para fusionar ambos procesos.

6.- Sobre la extensión del mandato, no así prórroga, irá para el Órgano Ejecutivo (Presidenta en transición), los diputados y senadores, pero además los alcaldes y gobernadores. Será el primer fallo del nuevo TSE, que a través de una resolución de sala plena fundada y motivada que comunique y pida al Legislativo que a través de una ley de interpretación del período constitucional se consulte al TCP si el mandato constitucional por efecto de la sucesión presidencial finaliza el 22 de enero o hasta la transmisión del mando presidencial, lo que además también le extenderá el mandato a los legisladores. Ese fallo del TCP contemplará cuando menos tres cosas: estructura funcional del Estado (porque no tendría que  faltar un órgano de poder), equilibrio de poderes para evitar que se gobierne por decreto y facultad de fiscalización para que todos los actos de administración del Ejecutivo sean fiscalizados, de allí su naturaleza jurídica. Pero también deberán interpretar la extensión de mandato de los alcaldes y gobernadores.