Luis Oporto Ordóñez /

El primero es el Gobierno de Pedro Antonio de Olañeta, último representante de la Corona Española, protagonista de un complejo juego de alianzas con próceres de la independencia y los Libertadores. El segundo es la Administración del Mariscal Antonio José de Sucre, quien a la postre convocó a la Asamblea Deliberante, incluso ante la negativa del propio Bolívar, que amenaza marchar con sus ejércitos al Alto Perú (así denominaban a Charcas), provocando una reacción del gobierno de Buenos Aires. El tercero está circunscrito a las acciones de la Asamblea Deliberante, que define el futuro de la antigua Real Audiencia de Charcas.

Las primeras formas de comunicación

Las fuentes oficiales son esenciales para desentrañar ese episodio. Sin embargo, la primera ley publicada en la edición oficial de 1825 corresponde a la etapa pre-republicana, es decir antes del 6 de agosto de 1825, época presentada por los compiladores como un necesario contexto socio-histórico-político, caracterizado por un complejo mundo de contradictorias ambiciones políticas, por un lado, y patriotismo llevado al extremo por otro, cuando todavía regía la ley ibérica en las tierras de Charcas, que los extranjeros habían bautizado como Alto Perú.

Antonio José de Sucre. (Fotos: iStock / RRSS)

El diario oficial publicó el célebre decreto del 9 de febrero de 1825, mediante el cual se convocó a la “Asamblea Jeneral de Diputados de las Provincias del Alto Perú, y que señala el número de ellos, sus cualidades, y modo de elegirlos”, ordenando que esta se instale en Oruro el 19 de abril con el objeto de “sancionar un régimen de gobierno provisorio y decidir sobre la suerte y el destino de estas provincias, como sea más conveniente a sus intereses y felicidad…”.

Aparentemente el Mariscal de Ayacucho traspasó el río Desaguadero, frontera política y cultural con la República del Perú, al mando del llamado Ejército Libertador, “con el solo objeto de redimir las provincias del Alto Perú, de la opresión española, dejándolas en la posesión de sus derechos”, pero el objetivo estratégico no era sino evitar un posible avance de la tropas de las Provincias Unidas del Río de La Plata, afirmando que éstas “carecen de un gobierno general que represente completa, legal y legítimamente la autoridad de todas las provincias y que no hay, por consiguiente, con quien entenderse para el arreglo de ellas”.

Más antes, el Mariscal de Ayacucho logró defenestrar a su camarada de armas, Andrés de Santa Cruz, en quien veía intentos serios de impulsar un movimiento independentista que buscaba liberar al Alto Perú del Perú, “más de los peruanos que de los españoles”. En los hechos, Sucre desconfiaba de Santa Cruz ya desde la retirada de Desaguadero. Así se lo hizo saber a Bolívar y logra enviarlo al exilio dorado en Huamanga, “en calidad de prefecto, con encargo de establecer allí un hospital, una maestranza y cuidar de las comunicaciones”, como afirma Alfonso Crespo.

La cuestión de la independencia del antiguo territorio de la Audiencia de Charcas quema las manos. Varios hombres influyentes están en plena conspiración, entre ellos Casimiro Olañeta, y, en cierta forma, el propio Mariscal de Ayacucho.

Simón Bolívar está en franca oposición a la idea de independencia. Sostiene que la constitución de los Estados de América del Sur se basa en el derecho público reconocido en América en esa época para la creación de Estados Independientes, es decir el Uti Posidetis que marcaba un status quo con base a la delimitación colonial aceptada y respetada por los gobiernos emergentes. Sin embargo, Bolívar advierte que la letra muerta de ese precepto determinaba que “el Alto Perú es una dependencia del Virreinato de Buenos Aires”, aunque paradójicamente el destino de las cinco provincias y un millón de habitantes dependía del congreso peruano. Sucre advierte oportunamente a Bolívar que a las provincias del Alto Perú “…nadie las une de buena voluntad a Buenos Aires porque hay una horrible aversión a este vínculo; si V. tiene idea de unirlas, puede decir a Buenos Aires que mande un fuerte ejército para que lo consigan, pues de otro modo es difícil”.

El joven Mariscal pensaba que ese arreglo solo podía darse por medio del “resultado de la deliberación de las provincias, y de un convenio entre los congresos del Perú y el que se forme en el Río de la Plata”, sin saber a ciencia cierta que existía un grupo de políticos criollos que trabajaba febrilmente en copar espacios de poder al interior del rico territorio de la antigua Audiencia de Charcas.

Los Doctores Altoperuanos

A los antiguos colaboradores del último general proibérico les sonreía la fortuna con el nuevo orden político. Casimiro Olañeta, Manuel María Urcullo, Manuel José Asín, Mariano Enrique Calvo, entre otros, formaron una típica inteligentsia criolla que se caracterizó por su doblez, a quienes se los llamó “doctores altoperuanos, como sinónimo de engaño, insinceridad, “tendencia perversa hacia la intriga y las disensiones”, como sostiene Valentín Abecia. Este grupo de conspicuos doctores altoperuanos se granjearon la simpatía del Mariscal Sucre, quien le escribe a Bolívar, desde Ilave el 5 de febrero de 1825, señalando que “…el Dr. Urcullo y el Dr. Asín, ambos muy patriotas, lo han abandonado ya (al Gral. Pedro Antonio de Olañeta) el uno en Oruro y el otro puesto a la cabeza de la revolución que se tramaba en Potosí, y que cree haya reventado”.

Sucre, símbolo de la continuidad de Bolívar, caracterizado por su talento personal, sus dotes intelectuales y “su espíritu altivo, digno y limpio” (como afirma Tomás Polanco), fue subyugado por la recia personalidad de Casimiro Olañeta. La fascinación que ejerce en el joven militar venezolano, al mando del Ejército Colombiano, se traduce en el reconocimiento de cierto control sobre la cosa pública. Efectivamente, pese a su juventud, Olañeta que contaba con 29 años, es designado “auditor general del ejército, que es el más grande rango que hay en esa época”, como documenta Sabino Pinilla, señalando entre sus antecedentes que aquel fue Oidor de la Audiencia de Chuquisaca. También conformó el gabinete del Mariscal Andrés de Santa Cruz como ministro del Interior. En 1823 asesoraba a su tío, el Gral. realista Pedro Antonio de Olañeta, junto a Manuel José Asín y Manuel María Urcullo, según lo atribuye Gunnar Mendoza, y según lo reconoce el propio Casimiro Olañeta en sus informes a Sucre. En carta fechada en Puno el 3 de febrero de 1825, Confiesa Sucre a Bolívar: “En fin, lo trataré con toda distinción, pues, además que lo merece, me dicen que tiene un grande influjo en todas las provincias…”.

La mayor parte de los historiadores que se ocupan de esta época aún confusa de nuestra historia le atribuyen gran parte de la responsabilidad en la creación de Bolivia; otros quieren demostrar que se habría tratado de una idea original de Sucre y Bolívar. Se dice que fue el Dr. Manuel María Urcullo quien introdujo la versión de lo que se califica como “blasfemia histórica”, la influencia de Olañeta en el Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre. Existe una tendencia a considerar más bien la conjunción de ambas hipótesis, es decir que de todas maneras Casimiro Olañeta participó en la parte final de la concepción del célebre decreto del 9 de febrero, es más, se afirma que cuando Sucre le mostró, en Puno, el borrador del decreto de convocatoria a la Asamblea de 1825, Casimiro Olañeta introdujo modificaciones sustanciales, siendo considerado por ello “coautor del decreto de 9 de febrero”, aspecto que se evidencia en el borrador de Sucre que consta de 12 artículos, y el que se publicó en la colección oficial consta de 21, según constató Vicente Lecuna.

Este polémico político criollo destacó en los primeros años de la República de Bolivia hasta las postrimerías del Gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz, contra quien, sin embargo, también conspiró. Fue particularmente activo en la política y en la diplomacia nacional, hasta su fallecimiento en 1861. Entre 1824 y 1839, Olañeta participó en las acciones más importantes de la nueva República. Así lo tenemos como protagonista en la creación de Bolivia, en el Tratado de la Confederación Perú-Boliviana, en Europa como Ministro Plenipotenciario, y durante la Confederación como Ministro Plenipotenciario en Chile, Ministro General y Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores.

Cosa común en esa época, por cierto, al extremo que muchos otrora leales a la Corona de España llegaron a ocupar cargos de importancia en el período republicano, como fue el caso del primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia en 1827.

Las posiciones son encontradas respecto a la actuación de Olañeta. Algunos sostienen que Olañeta sirvió al país, pero también se sirvió de él. Arnade relata con sabrosa elegancia que Olañeta se embolsilló dos veces los dineros que su tío le entregó para adquirir armas, primero en Salta y luego en Arica; además entregó al brigadier Echeverría al Ejército de Sucre como prenda de garantía de su admiración por la causa de la independencia. Como resultado, el brigadier fue fusilado, el general Pedro Antonio de Olañeta perdió la vida en Tumusla, y Casimiro Olañeta logró insertarse exitosamente en el aparato político del gobierno naciente.