Dos bandos se apostaron en la puerta del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, una en apoyo y otra en rechazo al juicio oral en contra de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, siete exjefes militares y un exjefe policial, acusados en el proceso denominado “golpe de Estado II”. FOTO/Gustavo TICONA/APG

• Redacción Central/

El abogado de la exdiputada Lidia Patty, Jorge Nina, manifestó que fiscales e investigadores temen convocar a declarar al líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, al empresario Samuel Doria Medina y a Jorge Tuto Quiroga por el caso Golpe de Estado.

En entrevista con Ahora El Pueblo, el jurista aseguró que hace un mes debió emitirse las citaciones para que se presenten a declarar, en calidad de testigos, Mesa, Doria Medina y Tuto Quiroga.

“Existe el decreto, pero extrañamente no se emite la citación para que declaren (…) “Hay una negligencia o temor por parte de ellos (los fiscales Omar Mejillones así como en los ocho investigadores). Hay una obstaculización para que podamos encontrar justicia”, denunció Nina.

El 12 de noviembre, Añez se autoproclamó presidenta de Bolivia.

Bajo esa lógica denunció que hay una especie de “obstaculización desconocida y oscura” para que avance lento el proceso.
“Hace dos semanas se ha presentado otro fiscal a cargo del caso, pero revisado el sistema del Ministerio Público sigue apareciendo el fiscal Mejillones, pero ya no viene a las audiencias. Vino otro fiscal llamado Carmelo Laura (…) Hace un flaco favor el cambiar de fiscal”, indicó.

Asimismo, reiteró que se pidió la realización de un control jurisdiccional para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, venga a la ciudad de La Paz y declare porque es uno de los principales investigados. El 1 de octubre de 2021, Camacho fue convocado para declarar, pero se suspendió. “Los sindicados son personas muy influyentes”, agregó.

ANTECEDENTES
El caso Golpe de Estado I comenzó el 27 de noviembre de 2020 por denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo Lidia Patty en contra de Añez, exjefes policiales, militares, entre otros. Todos son investigados por los presuntos delitos de terrorismo, conspiración y sedición por los hechos que provocaron la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.

El 16 de mayo, el juez Armando Zeballos determinó ampliar por tres meses más la detención preventiva para Añez y dos de sus exministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán. En tres oportunidades se realizó la ampliación del hecho: primero por seis meses, luego por cinco meses.

En este lapso, según Nina, el Ministerio Público tendría que emitir la acusación formal del caso.

“Estamos enfocados en recolectar las pruebas. Se acreditará el caos y la zozobra generada por el golpe de Estado protagonizado por la señora Añez (…) Todos los imputados en el caso sabían lo que hacían, sabían de las consecuencias de sus actos porque eran personas letradas”, agregó.

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