Una madre llora en el velorio de su hijo en una plaza pública. (Noviembre de 2019). (Foto: Archivo Twitter)

• Luis Fernando Cruz

El Ministerio Público debe identificar y establecer responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de los violentos hechos ocurridos en la población de Huayllani, Cochabamba, en octubre de 2019, aseguró ayer el analista Gustavo Torrico.

En entrevista con Ahora El Pueblo, lamentó que el Ministerio Público demore en la presentación de resultados sobre la violenta represión durante el régimen de facto de Jeanine Añez, y que a 19 meses de lo ocurrido diga que se evidenció un uso desproporcionado de la fuerza, en una arremetida que cobró la vida de 12 personas, más de cien heridos por impactos de bala y golpes contusos.

Dijo que le corresponde a la Fiscalía presentar a la población y a las familias de las víctimas de esa masacre a quienes son autores materiales e intelectuales de la orden para la represión militar y policial. Explicó que dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Boliviana no se asumen acciones sin una instrucción expresa de operaciones, por lo que ya debería haber emitido el requerimiento para que declaren sargentos, subtenientes, tenientes y coroneles hasta identificar “a las cabezas”.

Señaló que hay imágenes de los canales de televisión y de las redes sociales que prueban cómo se masacró a los movilizados y se utilizó armas de fuego desde helicópteros contra las personas.

“Lo que tiene que hacerse es la individualización de todos aquellos que hayan llevado a que las fuerzas de seguridad del Estado vulneren los derechos humanos con el uso excesivo de la violencia. (…) La Fiscalía ya debería haber hecho los requerimientos a los comandantes de ambas instituciones (FFAA y Policía) para pedir la orden de operaciones de ese día e identificar a quienes dieron la orden de masacrar”, sostuvo.

PRIVILEGIOS

El analista político Israel Quino ponderó el trabajo físico realizado por el Ministerio Público en Huayllani, porque se constituye en una prueba científica que demuestra que durante el gobierno de facto de Jeanine Añez, por el uso desproporcional de la fuerza de efectivos militares y policiales, se vulneraron derechos humanos de los manifestantes, se lamentó la muerte de más de una decena personas y heridos por impactos de bala.

“Esa instancia constitucional de la defensa de la sociedad está demostrando científicamente que el Estado, en ese momento (octubre de 2019), mal utilizó el poder y generó el deceso de bolivianas y bolivianos”, precisó.

Dijo que no hay posibilidad de que se evite responsabilidad penal en el interior de la entidad castrense y de la que se encarga de garantizar la seguridad interna del país, porque en ambas rige la regla de que orden mal dada no se cumple, sea del Ministro de Defensa, del Ministerio de Gobierno o de quien en ese momento ejerza el mandato constitucional en posición de capitán o capitana general de las FFAA, porque ninguna orden puede ir en contra del derecho humano como es la vida.

“Cualquier instrucción de un mando político del uso desproporcional de la fuerza vulnerando derechos humanos no sólo es inconstitucional, sino convencional, que es no cumplir los acuerdos de derechos humanos establecidos en tratados humanos internacionales”, advirtió.

Sobre si los militares y policías involucrados en la masacre gozan de algún privilegio, Quino dijo que en delitos considerados de lesa humanidad deben ser juzgados en la justicia ordinaria sin ningún tipo especial de fuero o privilegios.

“No corresponde sea tratado en la justicia militar ni en la justicia administrativa disciplinaria, debe ser en la jurisdicción ordinaria, bajo un juez cautelar de garantías, donde se respeten todos los derechos de los procesados y la presunción de su inocencia”, concluyó.

IDIF confirmó en 2020 muertes por impactos de bala

El 9 de octubre de 2020, el Instituto de Investigaciones Forenses del Ministerio Público (IDIF) informó que en los conflictos sociales entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre de 2019, por un presunto fraude electoral, en varios puntos del país, 27 personas murieron por impacto de bala.

El entonces director nacional del IDIF, Andrés Flores, ante la Comisión Mixta Especial de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dijo que, como brazo operativo de la Fiscalía, el IDIF se limita a informar el tipo de calibre del arma de fuego que se usó para disparar contra los manifestantes, y aseguró desconocer si éstas pertenecen a militares o policías.

“Tengo un cuadro de 30 fallecidos, 27 han sido por arma de fuego, siete con calibre 22, dos con calibre nueve milímetros, dos con calibre 5.56 y dos personas con postas y perdigones, y tres fallecidos por otras causas como traumatismo craneoencefálico policontusos, entre otros”, manifestó.

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