Familias guaraníes sometidos a servidumbre y semiesclavitud. (Foto: MTEyPS)

Ahora El Pueblo digital /

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social impulsa un proceso de reversión de tierras en favor de trabajadoras y trabajadores guaraníes que durante décadas fueron sometidos a servidumbre y semiesclavitud sin reconocimiento alguno de sus derechos fundamentales y laborales en la hacienda Las Tunitas, del municipio Gutiérrez, en Santa Cruz.

“En 2014, el Ministerio de Trabajo realizó una inspección en la que evidenció la vulneración de los derechos laborales de las y los trabajadores, explotación laboral y hasta trabajo forzoso (servidumbre). Ante esta situación la propietaria de entonces fue citada y se inició una demanda por la vulneración de derechos laborales”, informó el jefe de Derechos Fundamentales (UDF), del Ministerio de Trabajo, Gabriel Carranza.

Posteriormente en 2015, el Ministerio de Trabajo solicitó al INRA que verifique si en la hacienda Las Tunitas se cumple la función económica social y presentó una demanda por relaciones de servidumbre para que esas tierras sean revertidas en favor de los trabajadores guaraníes.

En horas pasadas, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) desarrolló en esa hacienda una audiencia de producción de pruebas para el proceso de reversión, así como la verificación de la función económica social para la cual fueron notificados los Ministerios de Trabajo, Justicia y Desarrollo Rural, además de los supuestos herederos de estas tierras, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y autoridades indígenas. Todos estuvieron presentes.

Las familias indígenas viven en condiciones precarias.

Carranza narró la relación de los hechos detectados en 2014 por lo que se interpuso una demanda ante el Juzgado Laboral de Camiri.

“Se determinó el pago de beneficios sociales por algo más de medio millón de bolivianos. La hacendada o empleadora, de entonces, se comprometió por escrito, en septiembre de ese año, cancelar la suma de Bs 578.892 a las y los trabajadores”.

Como resultado de esto, dijo la autoridad, se tiene una sentencia ejecutoriada en el Juzgado Laboral de Camiri, con lo que se demuestra que existió infracción a leyes sociales y explotación laboral. “Al no haberse cancelado esa suma y debido a que los derechos de los trabajadores no prescriben y son irrenunciables, en cualquier momento se activa la demanda penal”, dijo.

Pero, además, en 2015, el Ministerio de Trabajo presentó ante el INRA una denuncia por servidumbre y trabajo forzoso solicitando la verificación de la función económica social de la propiedad, explicó Carranza.

Por otro lado, el abogado de los “herederos” de la hacienda se retiró de la audiencia alegando que la propietaria no pudo asistir porque estaba enferma de Covid-19. El representante de Fegasacruz tomó la misma actitud y también abandonó el lugar.

Las Tunitas es una hacienda de más de 1.700 hectáreas.  Actualmente, los trabajadores y sus familias, 16 en total, viven en situación de abandono. Las 70 personas, entre hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas, conviven en precarias chozas, no existe ganado alguno, no hay actividad agropecuaria.

Los indígenas denuncian que los supuestos herederos los amenazan permanentemente con echarlos por la fuerza, algunos son golpeados e incluso les amenazan de muerte y con envenenar el agua que consumen. Tatarabuelos, abuelos, padres e hijos han trabajado en esas tierras siempre en condiciones de semiesclavitud. Ellos nacieron y murieron allí.