El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, en la reunión convocada por la presidenta Jeanine Áñez. (Foto: Bolivia)

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) evaluar el artículo 136 de la Ley 026 de Régimen Electoral que permitía sancionar al Movimiento Al Socialismo (MAS) por comentar una encuesta interna, que según la norma implica una infracción electoral cuya sanción es la pérdida de la personería jurídica de su partido.

“Una de las organizaciones ha interpuesto un trámite para que se presente una demanda por inconstitucionalidad concreta del artículo por el cual han sido acusadas cuatro organizaciones políticas, por mandato constitucional cuando se presenta con una demanda de inconstitucionalidad concreta — como la que recibió el TSE — este trámite debe ser remitido automáticamente a conocimiento del TCP”, explicó el presidente del TSE, Salvador Romero.

El 14 de julio, el candidato del MAS Luis Arce reveló una “encuesta interna” de su partido en el canal televisivo Abya Yala. En la entrevista, el postulante sostuvo que él ganaría en primera vuelta con el 18% de diferencia sobre Carlos Mesa, posicionado como segundo.

Según el artículo 136 de la Ley 026, prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales.

En cumplimiento de la norma, el MAS debió perder de manera automática su personería jurídica, como ocurrió en 2015 cuando el Órgano Electoral anuló la personería de Demócratas en Beni.

Sin embargo, el partido azul presentó al TCP una acción concreta y otra abstracta de inconstituconalidad en contra del artículo de la Ley 26 de Régimen Electoral que ordena la suspensión de la personería jurídica del partido que difunda encuestas, y con ella sus abogados aseguraron que el Órgano Electoral quedaría bloqueado para actuar en contra del MAS.

Por tanto, la entidad electoral resolvió “promover la inconstitucionalidad concreta presentada por el delegado político titular del MAS, cuestionando la constitucionalidad del parágrafo II del artículo 136 de la Ley 026 de Régimen Electoral, aplicando los efectos de esta acción a las denuncias interpuestas contra las alianzas políticas Creemos, Juntos y Comunidad Ciudadana”, señala la Resolución 025/2020 del TSE.

Romero señaló que todas las denuncias que se han presentado contra las cuatro organizaciones políticas por difusión de encuestas están sujetas al mismo tratamiento bajo dos principios, el apego a la ley e imparcialidad.

“Todas las denuncias que se han presentado contra cuatro organizaciones políticas han sido puestas en conocimiento de las organizaciones denunciadas que han tenido la oportunidad de poner su posición sobre esa denuncia”, aclaró.

La resolución pone en conocimiento que la vocal Rosario Baptista expresó a la Sala Plena del TSE su voto disidente, por considerar que “la fundamentación del accionante es insuficiente, por tanto ante su manifiesta improcedencia, debió ser rechazada”.