Foto: Celac

Redacción Central /

Las movilizaciones y paros previstos para este 10 y 11 de octubre son apoyados desde distintos frentes de la derecha. Por un lado, se encuentran los llamados representantes de los comités cívicos y por el otro están los fracasados políticos opositores que nunca pudieron ganar en las urnas electorales al Movimiento Al Socialismo (MAS), sino por la fuerza y la toma de poder de forma inconstitucional en 2019.

Su intención con este nuevo anuncio es paralizar nuevamente la economía del país, generar enfrentamientos y desestabilizar la democracia. Jorge Quiroga Ramírez, político opositor, participó en todas las reuniones programadas por los comités cívicos que tienen la consigna de que las muertes en las masacres de Senkata y Sacaba queden impunes al pedir que cesen las persecuciones políticas.

Jorge Fernando Quiroga Ramírez (Cochabamba, 5 de mayo de 1960), también conocido como Tuto Quiroga, es un político boliviano. Fue el sexagésimo segundo presidente de Bolivia del 7 de agosto de 2001 al 6 de agosto de 2002.

Fue líder del partido de derecha Acción Democrática Nacionalista (ADN), que presidió inmediatamente después de la muerte de su fundador, el general Hugo Banzer. Fue candidato a la presidencia de Bolivia por la alianza Libre 21, conformada por los partidos políticos Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Movimiento por la Soberanía (MPS) en las elecciones generales de 2020, pero se retiró de la contienda política el 11 de octubre de ese año.

Se lanzó como candidato a las elecciones generales de 2005, conformando una Agrupación Ciudadana denominada Podemos (eran los segundos comicios en Bolivia Perdió obteniendo 28,62% de los sufragios).

Quiroga, principal opositor del gobierno de Evo Morales en 2017, decidió sumarse a la demanda de los cívicos que exigían se respete los resultados del referéndum del 21F.

En 2019 volvió a la carrera electoral con la alianza Libre 21, pero decidió retirar su candidatura a presidente luego de conocer que no tenía la posibilidad de llegar a la silla presidencial.

112 millones de dólares americanos perderá Bolivia en la jornada de paro ratificada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz.

COMPORTAMIENTO EN 2019

En medio de una profunda crisis política, social y económica que vivía Bolivia y tras la dimisión de Evo Morales al gobierno, el exmandatario Jorge Tuto Quiroga admitió, el 12 de noviembre de 2019, que gestionó con autoridades de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) el vuelo del jefe del MAS rumbo a México, donde estuvo asilado por un mes.

“Nunca pensé que iba a tener que hacer gestiones con la Fuerza Aérea Boliviana para que el tirano salga de Bolivia, a fin de que pacifiquemos el país”, comentó en un video que fue difundido en redes sociales, pero luego fue retirado.

La sucesión anticonstitucional e ilegal fue allanada en los encuentros con la mediación de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y la participación de Quiroga, el expresidente Carlos Mesa, el empresario y político Samuel Doria Medina, y representantes diplomáticos, entre otros.

OTROS PROCESOS

El expresidente fue acusado en el caso denominado Petrocontratos que fue activado en 2005.  Fue procesado por la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes formales y conducta antieconómica por la presunta firma de contratos petroleros para la explotación de hidrocarburos en el territorio nacional.

El caso Petrocontratos comenzó con la autorización congresal para un juicio de responsabilidades contra las exautoridades por la firma de 107 contratos petroleros con 21 empresas firmadas entre 1997 y 2004.

El expresidente y finado ejecutivo de YPFB Carlos Villegas acusó a Quiroga, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de pretender regalar todo el “gas rico” que beneficia a los bolivianos mediante la nacionalización de los hidrocarburos.

Demandas de los Comités Cívicos

Plantean una marcha para el 10 de octubre en contra de la aprobación de normas como la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y otras que están siendo tratadas en el Legislativo.

Exigen el cese de las persecuciones políticas que lleva adelante el Gobierno en contra de los opositores y los presos políticos.

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