2ESP-ELUNIVERSAL

 

Mónica Bayá Camargo*

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, miles y diversas voces en el mundo se harán escuchar, una vez más, para denunciar la persistencia de la desigualdad de género, que no significa desconocer las conquistas alcanzadas a fuerza y muchas veces a costa de la vida misma de las mujeres, sino que ella aún no ha sido alcanzada plenamente.

La igualdad de género, según Naciones Unidas, se refiere a “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”, y si bien formalmente, los instrumentos internacionales de derechos humanos, nuestra propia Constitución y varias leyes, así lo establecen, la brecha entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva de la que nos habla la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujeres, vigente desde hace 38 años, aún es grande, por lo que esta fecha es una oportunidad para demandar a los gobiernos mayor atención a los problemas, obstáculos y vulneraciones a sus derechos, en consecuencia cumpla sus obligaciones generales de respetar (abstenerse de interferir en el disfrute del derecho), proteger (impedir que otras personas interfieran en el disfrute del derecho) y realizar (adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho). 

En ese marco, otras obligaciones específicas como el establecer la protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación, cobran relevancia en un contexto como el nuestro en el que la problemática de la violencia hacia las mujeres, como expresión de esa discriminación, sigue siendo uno de los problemas más críticos.

Para el Comité sobre la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, la violencia por razón de género contra la mujer es uno de los medios sociales, políticos y económicos fundamentales a través de los cuales se perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus papeles estereotipados. Dicha violencia adopta múltiples formas, e incluye, según este Comité, “actos u omisiones destinados o que puedan causar o provocar la muerte o un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico para las mujeres, amenazas de tales actos, acoso, coacción y privación arbitraria de la libertad”.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Bolivia es el país de Sudamérica que registra la tasa más alta de feminicidios, con 2,3 feminicidios cada 100 mil mujeres, la crueldad de estos crímenes en ascenso y las secuelas para las familias se ve agravada por la falta de justicia.

Si ello sucede en los casos de feminicidio, es de esperarse que en otros delitos como los de violencia familiar o doméstica, donde se suele relativizar su gravedad, no se indaga ni valora los antecedentes de violencia, no se reciben denuncias pidiendo informes y certificados previos contra lo establecido en la Ley 348, no se aplican los procesos inmediatos pese a la flagrancia, se juzga la conducta de la víctima y se la responsabiliza, no se disponen medidas de protección, no se cumplen los plazos procesales, no se imputa y menos acusa a los agresores jugando al cansancio de las víctimas y de paso se rechazan denuncias porque las víctimas terminan abandonando la causa, y ni hablar de la falta de información adecuada y de apoyo integral (psico-socio-legal), generando un contexto de impunidad que pone en evidencia la limitada capacidad del sistema de justicia para actuar con la debida diligencia.

Ahora bien, no todas las víctimas deben enfrentar estos problemas, o por lo menos no todos ellos, y es que en estos años que he venido haciendo seguimiento al cumplimiento de la Ley 348 he podido conocer a investigadores, fiscales, médicos forenses y jueces que hacen la diferencia, verdaderamente, comprometidos con su trabajo y especializados, pero las instituciones requieren más que buenas excepciones para cumplir sus funciones de proteger, investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia.

* La autora es Secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos.