Infografía: Yuri Rojas

Romina Montoya /

Desde su incursión en la arena política, en 2002, el periodista e historiador Carlos Diego Mesa Gisbert estuvo relacionado con una serie de hechos irregulares que en su momento fueron investigados por el Ministerio Público. Estos actos fueron negados y calificados por Mesa como simplemente un desprestigio para su persona.

Luego de la aprehensión del exjefe de la Policía Gonzalo Medina, comandante en ese entonces de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, por vínculos con el narcotráfico que salpicaban a altos mandos de la Policía, surge un depósito de $us 30 mil dólares a la cuenta del expresidente Carlos Mesa, realizado por Medina el año 2009.

Este caso destapó un escándalo por sus presuntos nexos con el narcotráfico, por su relación con el extraditable Pedro Montenegro Paz, buscado por la justicia brasileña por los delitos de narcotráfico.

El hecho fue denunciado por la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero, quien pidió a la Fiscalía una investigación. Según dijo, esos movimientos de dinero fueron hallados en una pesquisa de la Unidad de Investigación Financiera (IUF) en el marco de los movimientos bancarios de Mesa.

El expresidente Mesa, en una de sus declaraciones, admitió haber recibido el depósito por la venta de un departamento como lo haría cualquier privado. “Mis padres, dada la delicada situación de salud de mi padre, José de Mesa Figueroa, me pidieron que me hiciera cargo de la administración del dinero producto de la venta de un departamento de su propiedad. Inmueble ubicado en el 7º piso Nº 701 del edificio Brasilia, Av. 6 de agosto esq. Juan José Pérez de La Paz”.

Otro caso fue el relacionado con la empresa Camargo Correa, vinculada a los sobornos de Odebrecht en Sudamérica y Lava Jato, la cual fue investigada tras salir a la luz pública el año 2018.

El caso de PAT también generó críticas a Carlos Mesa por los depósitos bancarios a esa empresa televisora entre 2002 y 2003. El exministro de Justicia y Transparencia Héctor Arce dijo que políticamente y éticamente jamás va a prescribir el caso, como sugirió el propio expresidente Mesa en una entrevista con Amalia Pando.

La Fiscalía activó una investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas ante presuntos depósitos irregulares, en 2002 y 2003. Se sospechaba que usó ese dinero para pagar a Goni para su candidatura como vicepresidente. Mesa señaló en el programa Cabildeo que así sea detenida Valdivia, no hablará sobre los depósitos que son investigados.

El exministro de Gobierno Hugo Moldiz el año 2018, afirmaba que Carlos Mesa usó su condición de vocero de la demanda marítima para posicionar una imagen política con miras a las elecciones de 2019.

Mesa confirmaba su candidatura a la presidencia en las elecciones por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), tras la invitación que ese partido político le hiciera en la víspera.

Guerra del Gas

En 2003, Carlos Mesa, vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, negó ayuda a las víctimas de Febrero Negro, quienes sufrieron heridas durante la represión militar contra el pueblo boliviano que se opuso a un ‘impuestazo’ a los salarios.

“Si  algo caracterizó al gobierno de Carlos Mesa fueron sus vacilaciones y contradicciones”, afirmaba el exministro de Comunicación Manuel Canelas.

Mesa admitió que durante su Gobierno ordenó quemar documentos de los gastos reservados, aseguró que tomó la decisión porque supuestamente se debía a la seguridad del Estado.

Vocería marítima

Carlos Mesa y sus colaboradores recibieron más de Bs 2,8 millones cuando éste era vocero marítimo, recursos que, dijo, se utilizaron para el pago de consultorías, pasajes, refrigerios, viáticos, salarios, aguinaldos y doble aguinaldo, momento en el que se llevaba adelante el juicio contra Chile por el tema marítimo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

El personal de apoyo estuvo conformado por Gustavo Aliaga Palma, Miguel Céspedes Mena y Ninoska Salas Lozano, quienes en ese tiempo cobraron Bs 1.832.896, como demostraron en su momento los diputados Wilson Santa María y Rafael Quispe.

El exviceministro de Gobierno Hugo Moldiz afirmó que esta condición fue usada por Mesa para ganar imagen política, siendo luego candidato presidencial en 2019.

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