Mauricio Reyes

La Constitución es la base de la sociedad política. En un sistema democrático se debe establecer la organización fundamental de la democracia: reglas del juego justas e imparciales que permitan que todas las voces sean escuchadas y consideradas, sin exclusiones ni otras restricciones que las que emanen del respeto por los derechos fundamentales de las personas. A continuación ofrezco unas muy breves reflexiones.

La Constitución que se apruebe debe estar hecha para durar mucho tiempo. Para eso, dicho documento no puede ser un programa partisano, sino que debe configurar el marco normativo esencial que regule el proceso democrático, en términos tales que ninguna persona o agrupación provistas de convicción democrática genuina tengan interés en reformarla. Es preciso estructurarla en una forma tal que en el futuro solo un cambio muy fundamental de las circunstancias hagan aconsejable su sustitución.

Desde luego, es propio de una Constitución democrática establecer los derechos fundamentales de las personas, así como regular mecanismos eficaces para tutelarlos. Al respecto, me parece importante mantener la sobriedad y admitir que la credibilidad de la Constitución descansa en que dichos derechos sean garantizados efectivamente por medio de acciones judiciales rápidas y accesibles. Soy de la opinión de que la creación de una judicatura especializada en tutela de derechos fundamentales contribuiría tremendamente a posibilitar ese fin, descongestionando las hoy atiborradas cortes de apelaciones y proporcionando jueces dotados de competencias técnicas especializadas.

Entre los derechos fundamentales de las personas, considero indispensable garantizar el derecho de propiedad y la libertad económica. Sin embargo, la regulación de estos no puede traducirse de ninguna manera en el establecimiento de un modelo comprehensivo de organización económica, ni “Estado subsidiario” ni “Estado máximo”. Más bien, es menester que la nueva Carta organice de manera sólida, estable y equilibrada un procedimiento de formación de la ley basado en la deliberación democrática, que permita equilibrar la representación parlamentaria con espacios significativos de participación social, y que por la vía de la democracia sea posible adoptar una amplia pluralidad de arreglos institucionales en materia socioeconómica: los modelos de organización económica que adopte el Estado, (re)distribución de recursos e intervención estatal en la economía deben ser el producto de la democracia, no deben antecederla.

Uno de los principales vicios de la Constitución que actualmente nos rige fue tallar en piedra un orden económico contramayoritario: estar a la altura de la historia nos exige a todos entregarle de nuevo esa prerrogativa a la democracia.

La nueva Constitución debe ser útil para cualquier ordenamiento económico, que sea producto del proceso democrático y que no vulnere en su esencia el derecho de propiedad privada y la libertad económica: desde el Estado mínimo hasta el Estado social más intenso deben ser admisibles sin que en momento alguno tiemblen los sólidos cimientos de la democracia constitucional chilena.