El parlamento, controlado por el partido cuyo jefe huyó de Bolivia en noviembre, ha decidido cumplir ahora su rol de fiscalizador, y lo hace justamente en este período especial provocado por las secuelas del fraude más vergonzoso de la historia democrática boliviana.

Una mayoría del partido derrocado en noviembre está actuando como si se hubiera propuesto perjudicar el proceso de recuperación de la democracia en que está empeñado el país después de la larga noche de la dictadura del cocalero Morales, que desde su refugio en Argentina sigue amenazando a Bolivia.

La mayoría que tiene el partido del cocalero en el parlamento es producto de unas elecciones, realizadas en 2014, en que no hubo observadores internacionales y por lo tanto pudieron haber sido producto del sistema de fraude que en octubre pasado fue observado por la propia OEA.

Se trata, además, de un parlamento que desde enero de 2015 no hizo ninguna fiscalización de las atrocidades que cometía el gobierno del cocalero, y descartaba toda iniciativa dirigida a frenar planes contrarios al interés nacional.

La función fiscalizadora del parlamento no se cumplió en muchos casos, comenzando por no haber observado el despilfarro de 340.000 millones de dólares que cometió el masismo. Ni dijo nada cuando la política petrolera del cocalero convirtió a YPFB en una empresa importadora de gasolina y diésel, empresa que, en los últimos días de la dictadura, tuvo que contratar a 300 jóvenes masistas, a pesar de que ya estaba registrando un déficit en sus operaciones. Este parlamento, con mayoría masista, no objetó el abusivo uso de los bienes del Estado, como la flotilla de lujosos aviones y helicópteros comprados de manera irresponsable por el cocalero. Sería bueno que los dirigentes del residuo masista que queda en el país mencionaran un solo caso de fiscalización parlamentaria, uno solo, que hubiera frenado alguna de las perversas, corruptas y tramposas iniciativas del gobierno del cocalero.

Acostumbrados a levantar la mano sin saber por qué, los parlamentarios masistas habían convertido a ese poder del Estado en un remedo, en un rebaño de ovejas que, además, eran maltratadas por los jerarcas masistas. La propia presidenta del Senado, Eva Copa, y el propio presidente de Diputados, Sergio Choque, denunciaron el trato racista que recibían de parte de los dirigentes del partido, de aquellos que estaban cerca del cocalero. Ahora, por extrañas razones, tanto la señora Copa como el señor Choque se han vuelto a alinear con los propósitos vengativos y desestabilizadores del cocalero prófugo. Ellos, que eran muy críticos del fugado, al punto de anunciar que no respetarían las decisiones que se tomen en Buenos Aires, ahora están convertidos en disciplinados militantes del partido derrocado por el mayor movimiento ciudadano del que tienen memoria los bolivianos.

Lo que olvidan es que ese movimiento ciudadano, que no está desmovilizado ni mucho menos, el que se ocupará de la verdadera fiscalización de los actos de quienes, por razones dudosas, conforman una mayoría en el parlamento, y de los que quieren convertir a Bolivia en un narco-Estado.

Que no se equivoquen los parlamentarios masistas. Los ciudadanos bolivianos están atentos. Han expulsado a un dictador para siempre. Y no van a permitir que los huérfanos del cocalero perjudiquen la recuperación de la democracia en Bolivia.

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