El Consejo Nacional Democrático (CONADE) acaba de pedir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declare inconstitucional la ley 421 aprobada por el cocalero Morales en 2013 para perpetuarse en el poder.

CONADE ha pedido también al TCP que haga lo que sea necesario para que en Bolivia se vuelva a aplicar el principio universal de “un ciudadano, un voto”, que había sido violado por el gobierno del cocalero Morales.

En este momento, con las leyes vigentes, ocurre que 54% de los ciudadanos bolivianos, que viven en las ciudades, sólo eligen a 28 diputados uninominales, mientras que 44% de los ciudadanos rurales eligen a 35 diputados. Para colmo, ocurre que 1,87% de los ciudadanos, de las circunscripciones “especiales”, eligen a siete diputados.

Lo que lleva a que un diputado en Santa Cruz necesita 130.000 votos para ser elegido mientras que el diputado especial apenas necesita 115 votos.

En Paraguay, según datos que han circulado en las redes sociales, para ser diputado se necesita haber recibido 25.000 votos en todo el territorio. En ese país hay minoría de guaraníes y tupi guaraníes, de matacos y otros pueblos, pero en ninguno de ellos se da un caso similar a las circunscripciones “especiales” bolivianas.

CONADE ha hecho esta solicitud al TSE porque hay una fuerte corriente de opinión pública que respalda esta postura. Las encuestas han detectado que los ciudadanos son reacios a asistir a una elección en la cual todo esté determinado con antelación.

Nadie quiere ir a unas elecciones en calidad de borrego al que le dicen que debe votar para decidir el futuro pero ocurre que un resultado fraudulento ha tomado ya la decisión.

Lo que movilizó a la gente en octubre-noviembre fue que el gobierno de entonces había hecho burla de un referéndum por el cual el presidente no podía postularse. Los ciudadanos se sintieron ofendidos, violados, estafados en sus principios democráticos.

Habían asistido en una consulta popular para definir si los aspirantes a candidatos podían o no postularse, pero la consulta les dio la espalda a pesar de la certidumbre que tenían. Fue cuando inventaron aquello de la consulta al TCP para que defina si podían o no postularse. Y esa instancia les dio la razón mostrando que el dinero lo puede todo, porque declararon que ser reelecto era un “derecho universal”.

Ahora, el país está esperando que el TCP declare inconstitucional la ley 421, lo que abriría un periodo de análisis y debate, que podría obligar a que las elecciones se realicen en otro momento.

Por el momento, lo que quiere la gente es que nadie se burle de la voluntad democrática del pueblo, otra vez.