El diálogo propiciado por diferentes organismos internacionales, la Iglesia católica y las diferentes instancias gubernamentales no encuentra un terreno fértil, por lo que la violencia, principalmente en El Alto, no encuentra freno y dejó el saldo de varios muertos y heridos.

El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, ratificó que tiene las puertas abiertas para conversar con todos los sectores, con el fin de pacificar al país, que sufre los rigores del bloqueo de carreteras como la carencia de alimentos, hidrocarburos y otros enseres necesarios para vivir.

Sin embargo, los movilizados no envían señales para sentarse a la mesa del diálogo y repiten consignas como “guerra civil”, “que renuncie, carajo” en referencia a Jeanine Áñez, pero no existe una carta o una petición que sirva como un punto de inicio para el esperado conversatorio.

Las muertes ocurridas en la urbe alteña probablemente se conviertan en un escollo para iniciar el acercamiento, al que se suma la represión que sufrieron los marchistas por parte de la Policía ayer en inmediaciones de la plaza San Francisco.

Para impulsar el proceso de diálogo y pacificación, la autoridad gubernamental abrió la posibilidad de que se derogue el Decreto Supremo 4078, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas en caso de que alguno de sus miembros use la fuerza de manera “proporcional” en operativos que buscan el restablecimiento del orden en el país.

“Podemos derogarlo, no es una charla de sordos, lo derogamos, damos un paso”, dijo la autoridad a la Red ATB.

Hay sectores como la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz que están dispuestos a entablar un diálogo, aunque condicionaron a que se analice temas como iniciar una investigación para encontrar a los culpables de la quema del bosque de la Chiquitania, respeto a los asentamientos de campesinos, la no persecución a los dirigentes y continuidad a los proyectos que fueron aprobados por el anterior Gobierno.

En tanto, otros actores sociales que no son afines al MAS en la ciudad de El Alto, piden a gritos un diálogo urgente y directo que permita pacificar y llegar a un reencuentro o reconciliación para que todos vivan en paz y armonía.

Por su lado, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, demandó a los bolivianos mayor compromiso para pacificar Bolivia: “En este corto tiempo de transición se requiere el compromiso de todos para pacificar el país y debemos entender que hoy, las circunstancias, ninguna es excusa para que estemos enfrentados o nos estemos matando entre bolivianos”.

La autoridad gubernamental convocó a los sectores en conflicto a dialogar, ya que argumentó que los bolivianos tienen más encuentros que diferencias. Sugirió dar vuelta la página y llevar adelante la responsabilidad de transformar el país.

Es urgente que las organizaciones sociales de El Alto y de otras regiones eviten más muertes y heridos. Urge la pacificación para evitar daños a la propiedad privada y estatal, tal como ocurrió con el incendio de la casa de los padres de la alcaldesa de la urbe alteña, Soledad Chapetón.

Según el Consejo Nacional de Productores y Comercializadores de Bolivia, el paro perjudica al menos a 100 mil productores de textiles, confeccionistas, zapateros, artesanos, de metalmecánica, gremiales, comerciantes y otros que no pueden desarrollar sus labores de manera cotidiana. A ellos se suman los transportistas, avicultores, agricultores y sectores independientes que reportan pérdidas millonarias.

Es menester que los sectores sociales del país se sienten en la mesa del diálogo para frenar la violencia. Además, es necesario poner en marcha el aparato productivo, ya que los bloqueos y marchas dejan millonarias pérdidas económicas que difícilmente se recuperarán.

 

El paro perjudica a unos 100 mil productores de la ciudad de El Alto.