Foto: Archivo-El País

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Familiares de fallecidos, heridos y detenidos, torturados en las masacres de Senkata y Sacaba presentarán en los siguientes días una denuncia formal ante la Fiscalía Departamental de La Paz contra los exministros del régimen de facto de Jeanine Añez que firmaron el Decreto Supremo 4078, que promovió graves violaciones a los derechos humanos en 2019.

“La Fiscalía se ha olvidado iniciar los procesos ordinarios penales contra quienes han firmado el Decreto Supremo 4078 (…) por eso vamos a presentar una denuncia formal ante el fiscal (de La Paz) William Alave para que actúe. Estamos puliendo los detalles del memorial, para presentarlos entre miércoles y viernes”, informó el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en la ciudad de El Alto, David Inca, en contacto con Radio Patria Nueva.

Indicó que dentro de la reparación a las víctimas se debe incorporar a las personas que fueron detenidas, procesadas o torturados indebidamente durante el gobierno de facto de Añez y también quienes fueron víctimas de malos tratos por parte de personal médico.

“No se está haciendo las investigaciones en relación a los hermanos que han sido torturados en las cárceles, ni para identificar a ese personal médico que en los hospitales y clínicas han torturado a los heridos. Esos puntos no los toma en cuenta la Fiscalía”, cuestionó. 

Inca afirmó que en caso de que el Ministerio Público no atienda la solicitud las víctimas presentarán una denuncia contra estas autoridades por incumplimiento de deberes.

Decreto Supremo 4078

El informe de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado a las autoridades del Gobierno y a la sociedad boliviana establece que el Decreto Supremo 4078, del 15 de noviembre de 2018, fue promulgado por el gobierno de Jeanine Añez para eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas en las masacres de Senkata, El Alto, Sacaba, Cochabamba y la zona Sur de La Paz.

El artículo 2 de esa disposición establece que “todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado, de acuerdo con las necesidades, deben prestar el apoyo requerido a las fuerzas militares y policiales, en el cumplimiento de esa norma”.

Asimismo, para su pleno cumplimiento, establece que “las Fuerzas Armadas emplearán todos sus medios disponibles y los que puedan ser adquiridos, de acuerdo con las necesidades a fin garantizar el bienestar, la seguridad y la protección del pueblo boliviano”.

El corazón de la norma está en el artículo 3, que dispone que “el personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Cód. Penal. Ley Nº 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.

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