Foto: El País

• Romina Montoya

Representantes de familiares de fallecidos, heridos, perseguidos y detenidos durante las masacres de Senkata (El Alto) y Huayllani (Cochabamba), a finales de 2019, se reunieron ayer en Cochabamba y plantearon la organización de un congreso nacional con todos los afectados para que sus demandas de justicia tengan más fuerza.

“Estamos planteando que se convoque a un congreso nacional, porque no sólo fueron afectadas personas en Senkata y Sacaba, sino también en Yapacaní, Sucre, San Julián y otros municipios del país. Nuestra intención es que se acerquen y nos consulten”, dijo el presidente de los fallecidos y heridos de Sacaba, Ismael Marquina,

Añadió en el encuentro que la intención de los afectados es “unir en una sola voz” los pedidos y reclamos para exigir justicia por todos los hechos que vivieron en las violentas represiones de militares y policías a finales de 2019.

Agregó que se brinda el espacio necesario a la justicia para que realice su trabajo, y que cumplidos los plazos procesales se exigirá lo que por derecho les corresponde, en el marco de la ley.

Cipriano Chapetón, representante de los heridos de Senkata, señaló que su sector espera el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ver las acciones que llevarán adelante.

“Pedimos justicia porque nos dijeron que éramos terroristas y vándalos, cosa que no es así porque nosotros salimos en defensa de la mujer de pollera, la wiphala y el respeto al voto campesino”, aseveró en el encuentro.

En dicha reunión también estuvo presente el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, quien informó sobre los avances en los procesos que presentaron las víctimas y sobre la fecha de entrega del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el informe preliminar de la CIDH se reportó al menos 18 muertes por el uso desmedido de la fuerza en un operativo conjunto entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en las regiones de Huayllani y Senkata, entre el 15 y 19 de noviembre de 2019 respectivamente.

Se observó la emisión del Decreto Supremo 4078, durante el régimen de Jeanine Añez, que eximió de responsabilidad penal a los militares que participaron en acciones de orden interno.

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