Bloqueadores camachistas en estado de ebridad protagonizan actos violentos contra la población cruceña. (Foto: Captura de video)

Gabriela Ramos/Ahora el Pueblo Digital

El vocero de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Manfredo Bravo, admitió este viernes que, debido al cansancio, el ciudadano común no sostiene el paro cívico en los puntos de bloqueo distribuidos en la ciudad, y que estos lugares fueron controlados por “gente malviviente”.

“Aquí lo que importa (es que) la población está cansada, ya no es el ciudadano común el que está bloqueando. Hay gente malviviente, gente borracha, gente drogada (en los puntos de bloqueo)”, afirmó Bravo, durante su participación en el programa “No Mentirás” de la Red PAT.

Denuncias desde varios puntos de la urbe cruceña dan a conocer, mediante las redes sociales, que grupos de gente violenta impiden la circulación de vehículos y personas. Incluso cobran diversas sumas de dinero a quienes tienen necesidad de circular, llegando a las agresiones físicas en los casos en que se niegan a pagar los montos exigidos por los bloqueadores. 

De hecho, Bravo reveló que él también fue víctima de estos grupos, que lo extorsionaron para dejarlo circular. Por ello, denunció que “en algunos lugares alejados piden plata para que la gente transite. No dejan pasar ambulancias ni médicos. Hay una situación cada vez más complicada”.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) ya denunció que en los puntos de bloqueo se cometen delitos. Adelantó que elabora un informe que será elevado ante instancias internacionales, donde detallará todos estos hechos, que vulneran los derechos humanos de los ciudadanos.

El presidente de esta instancia, Édgar Salazar, incidió en hechos como la muerte de Julio Taborga, golpeado hasta morir en un punto de bloqueo en Puerto Quijarro; Eduardo Arancibia, quien fue degollado por un cable usado para obstruir la circulación en una vía; Eduardo Sosa, que fue acuchillado en medio de una gresca entre pandillas de bloqueadores; además de la violación grupal a una mujer el tercer día de paro; y la agresión a indígenas ayoreos en el municipio de Concepción.